Supuesta filtración en Fiscalía detrás de ajusticiamientos del ELN
Una presunta filtración de información al interior de la Fiscalía General de la Nación estaría detrás de los asesinatos de desertores e informantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), según documentos y testimonios a los que tuvo acceso este medio. Los casos involucran a dos excombatientes asesinados en agosto de 2023, quienes habían sido relacionados como fuentes en la investigación del presunto complot para atentar contra el entonces fiscal general Francisco Barbosa.
Los crímenes que desataron la investigación
El 19 de agosto de 2023, Joaquín Vergara Mojica, desertor del ELN desde 1994, fue asesinado por un sicario en San Vicente de Chucurí, Santander. La guerrilla se atribuyó el crimen, calificándolo como "ajusticiamiento por alta traición". Solo un día antes, Otto Daniel Aponte Vásquez, también excombatiente del grupo armado, fue abatido dentro de un bus que cubría la ruta Bogotá-Barranquilla.
Estos homicidios coincidieron temporalmente con la denuncia pública de la Fiscalía sobre un presunto plan del ELN para asesinar a Barbosa, quien en ese momento era un crítico abierto de la política de "paz total". Según fuentes de inteligencia, los movimientos financieros sospechosos relacionados con este plan ascendían a 2.600 millones de pesos.
El testimonio clave y las acusaciones internas
Una fuente protegida declaró en septiembre de 2023 ante el entonces director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Alberto Acevedo, que estas muertes formaban parte de una "cacería interna" del ELN para identificar al delator del plan contra Barbosa. El informante señaló directamente a la fiscal Lizeth Paola Rodríguez, quien supuestamente habría filtrado datos que permitieron a la guerrilla rastrear a sus colaboradores.
La fiscal Rodríguez, actual coordinadora nacional de procesos contra el ELN, tiene una trayectoria de más de una década en la Rama Judicial. Sin embargo, enfrenta múltiples investigaciones por presuntos vínculos con la guerrilla, aunque ninguna ha arrojado pruebas concluyentes. En su defensa, altos funcionarios la describen como "la que más conoce el modus operandi del ELN".
El cruce de versiones entre funcionarios
El investigador del CTI Eber Augusto Huertas, excompañero de la fiscal Rodríguez en Arauca, recogió el testimonio que la implicaba. Este hecho generó un conflicto institucional que escaló hasta el comité técnico jurídico de la Fiscalía. Ambos funcionarios fueron relevados de sus cargos: Rodríguez será trasladada a la Dirección Especializada de Derechos Humanos, mientras Huertas fue enviado a trabajar en Paloquemao.
La fiscal interpuso una queja disciplinaria contra Huertas y el fiscal Henry Rodríguez, argumentando que la investigación sobre sus supuestos vínculos con el ELN se realizó sin los protocolos adecuados y violando su derecho a la intimidad familiar.
Casos anteriores de presuntas filtraciones
Los expedientes revelan un patrón recurrente. En 2014, un agente encubierto de la Fiscalía infiltrado en el ELN fue asesinado en Paz de Ariporo, Casanare. Siete días después, dos presuntas colaboradoras de la guerrilla murieron baleadas en Arauca. Interceptaciones telefónicas de 2013 muestran conversaciones donde miembros del ELN mencionan a una "fiscal" que les haría "muchos favores", aunque sin identificarla plenamente.
Otro caso emblemático es el de Jhan Carlos Amaya Callejas, quien permaneció cinco años en la cárcel de Cómbita acusado de ser alias 'Garganta' del ELN, cuando el verdadero cabecilla continuaba libre. La investigación que llevó a su captura estuvo a cargo de la fiscal Rodríguez durante su tiempo en Arauca, aunque posteriormente se demostró su inocencia.
Las amenazas y el panorama actual
En abril y mayo de 2024, la fiscal Rodríguez reportó haber recibido amenazas de muerte a través de mensajes de texto que advertían sobre la "justicia revolucionaria" del ELN. La investigación de estos hechos está a cargo de la fiscal Susana Rodríguez, quien ha logrado rastrear la procedencia de las comunicaciones al sur de Bogotá y Norte de Santander.
Mientras tanto, la Fiscalía ha activado un grupo especial para esclarecer todas las denuncias contra la fiscal Rodríguez. Los documentos consultados coinciden en señalar una preocupante fuga de información que habría permitido al ELN eliminar sistemáticamente a desertores, informantes y colaboradores, poniendo en entredicho los mecanismos de protección de fuentes dentro del ente acusador.
