La Fiscalía General de la Nación presentó el 11 de mayo de 2026 el escrito de acusación formal contra Catalina del Carmen Ramírez Villanueva, actual magistrada del Tribunal Superior de Cartagena. La funcionaria es señalada como presunta responsable de los delitos de detrimento patrimonial contra el Estado, por hechos ocurridos cuando ejercía como juez laboral en Barranquilla.
Detalles de la acusación
La acusación vincula a Ramírez Villanueva con los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros agravado. El caso revive un expediente de presunta corrupción judicial que ahora escaló hasta la Corte Suprema de Justicia.
El origen del desfalco
La investigación, a cargo de un fiscal delegado ante la Corte, se centra en decisiones tomadas por Ramírez Villanueva a partir del 10 de julio de 2013. En ese entonces, como Juez Laboral del Circuito de Barranquilla, habría autorizado el pago de $1.697 millones a un pensionado. Sin embargo, en un auto previo del 24 de mayo de 2010, la misma jueza había liquidado la obligación en $571 millones.
El incremento injustificado se produjo tres años después al incluir intereses moratorios, indexación y pagos que el extinto Instituto de Seguros Sociales (ISS) ya había realizado oportunamente.
Desacato a órdenes superiores
El punto más crítico es el presunto desconocimiento de la normatividad y de las órdenes de sus superiores. El Tribunal Superior de Barranquilla ya había ordenado que el crédito pensional debía ser cero, al estar las obligaciones cubiertas. No obstante, Ramírez Villanueva ignoró estas pruebas y la orden, permitiendo que un particular se apropiara de dineros públicos por mesadas ya canceladas por el Estado.
Los fondos desviados pertenecían al extinto ISS. Para la Fiscalía, no fue un error de interpretación, sino una decisión deliberada que favoreció ilegalmente a un tercero, generando un detrimento patrimonial directo al erario.
Próximos pasos judiciales
El caso ahora pasa a la etapa de juicio, donde la magistrada deberá responder por qué, pese a las evidencias de pago completo y oportuno por parte del ISS, ordenó un desembolso que afectó las arcas públicas. Este proceso pone nuevamente bajo la lupa la transparencia en los procesos de liquidación pensional, un área históricamente vulnerable a la corrupción judicial en la región Caribe.
