Fiscalía aclara que 19.000 bienes incautados a la mafia no volverán a propietarios pese a medida del Consejo de Estado
Fiscalía: bienes incautados a mafia no volverán a propietarios

Fiscalía aclara situación de 19.000 bienes incautados a la mafia tras medida del Consejo de Estado

En medio de un creciente debate nacional, la Fiscalía General de la Nación ha salido al paso para aclarar que los cerca de 19.000 inmuebles incautados a la mafia y organizaciones criminales, actualmente bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), no volverán a sus antiguos propietarios pese a una medida provisional ordenada por el Consejo de Estado.

La alerta de la SAE y la respuesta institucional

La controversia se desató tras las declaraciones de Amelia Pérez, directora de la SAE, quien advirtió sobre el riesgo de que estos bienes, valorados en miles de millones de pesos, pudieran salir de los registros estatales y retornar al comercio legal. Pérez alertó que, de no tomarse decisiones oportunas, se produciría un retroceso significativo en la lucha contra el crimen organizado y un golpe a las finanzas del Estado, que actualmente obtiene recursos del arrendamiento de estos activos.

Frente a esta situación, Juan Felipe Cárdenas Restrepo, director especializado de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía, precisó que la cifra de 19.000 inmuebles requiere un proceso de depuración y verificación, ya que podría no corresponder exclusivamente a procesos de extinción de dominio. "No es del todo claro si ese inventario corresponde única y exclusivamente al listado de bienes que se tienen por extinción del derecho de dominio", afirmó el funcionario.

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Distinción crucial: registro versus vigencia material

Cárdenas Restrepo enfatizó una diferencia fundamental que ha generado confusión en la opinión pública: la caducidad de la inscripción de una medida cautelar no equivale a su desaparición jurídica. "Hay que distinguir que una cosa es la caducidad de la inscripción de la medida cautelar y otra distinta es que la medida cautelar que ha ordenado una autoridad judicial competente decrete su levantamiento", explicó.

El director detalló que estas decisiones son adoptadas por fiscales con funciones jurisdiccionales o por jueces de control de garantías, por lo que su vigencia no depende de actuaciones administrativas como el registro. "Un fiscal decreta medidas cautelares, han transcurrido 10 años desde la inscripción de la medida cautelar de embargo del bien inmueble y ello no supone que la medida cautelar perdió vigencia. La medida continúa porque no es una autoridad judicial quien ha ordenado su cancelación o levantamiento".

Estrategias implementadas para proteger los bienes

Ante el riesgo de caducidad de inscripciones, la Fiscalía ha desplegado una estrategia integral que incluye:

  • Envío de más de 1.500 oficios a la Superintendencia de Notariado y Registro para solicitar renovación, prórroga o reinscripción de medidas cautelares.
  • Coordinación con la Superintendencia para que ningún registrador pueda levantar una medida cautelar por caducidad sin antes agotar un proceso de verificación.
  • Acciones ante la Corte Constitucional para que el artículo 64 de la Ley 1579 de 2012 sea declarado exequible de forma condicionada, excluyendo procesos de extinción de dominio.
  • Preparación de una reforma a la Ley 1708 de 2014 para dejar explícita esta excepción en la normativa.

En la práctica, cuando terceros acuden ante la Superintendencia para solicitar el levantamiento de inscripciones caducadas, se abre un proceso formal donde la Fiscalía debe ser notificada y puede intervenir para defender la permanencia de las medidas. "Se va a comunicar y a notificar a la entidad que ordenó la inscripción para que se pronuncie al respecto de dicha solicitud y se evaluará si se tiene o no interés legítimo para hacer tal petición", aclaró Cárdenas Restrepo.

Esta situación se enmarca en el debate sobre la suspensión de la Instrucción Administrativa 9 de 2022 de la Supernotariado, ordenada provisionalmente por el Consejo de Estado. Mientras el alto tribunal decide de fondo sobre este asunto, las instituciones mantienen una postura firme: los bienes incautados a la mafia permanecerán bajo control estatal y no retornarán a las manos del crimen organizado.

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