Fiscalía da giro histórico en caso de acoso contra Hollman Morris tras presión colectiva
La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, ha tomado una decisión que marca un punto de inflexión en el expediente judicial de Lina Marcela Castillo Nisperuza, la joven que denunció públicamente al gerente de RTVC, Hollman Morris, por presuntos tocamientos indebidos y conversaciones con contenido sexual en 2019. Contrario a lo esperado, Castillo enfrenta actualmente un juicio penal por presunta injuria y calumnia, situación que ha generado indignación pública y movilizado a más de un centenar de periodistas, escritoras y abogadas.
La presión colectiva que obligó al cambio
El llamado urgente de las peticionarias, quienes alertaron sobre la necesidad de un "timonazo" en el desarrollo del juicio, fue finalmente escuchado por la máxima autoridad de la Fiscalía. "La impunidad frente a las violencias basadas en género es responsabilidad de un sistema de justicia que aún no se compromete con la erradicación de este fenómeno", señalaron las firmantes en un comunicado que exigía un juicio con garantías y enfoque de género para Castillo.
Entre las peticionarias se encuentran figuras destacadas como:
- Jineth Bedoya Lima
- María Jimena Duzán
- Catalina Ruiz-Navarro
- Adriana Villegas
- Ana Cristina Restrepo
Todas ellas lideran el movimiento #NoAlPactoDeSilencio, que busca visibilizar las violencias basadas en género y las extralimitaciones del sistema de justicia colombiano.
La resolución que cambia el curso del caso
Camargo respondió a las súplicas mediante la resolución N.0-0061 del 23 de marzo de 2026, documento que reasigna el expediente contra Lina Castillo a una nueva funcionaria con mayor rango y especialización. El caso, que inicialmente estaba en manos de una Fiscalía de Bogotá, ahora será manejado por la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, entidad que cuenta con amplia trayectoria en enfoque de género, especialmente en contextos de asimetría de poder y jerarquía laboral.
La fiscal general fundamentó su decisión en la jurisprudencia constitucional, específicamente en las sentencias T-275 de 2021 y T-061 de 2022, que protegen el derecho al escrache -la manifestación pública contra una persona- como mecanismo legítimo de resistencia y autoprotección. "En casos que involucran violencias contra las mujeres, sobre todo en contextos de asimetría de poder, se exige la aplicación de estándares de debida diligencia", explicó Camargo.
El contexto del conflicto
Lina Castillo, quien perteneció a la Colombia Humana, relató en medios de comunicación un incidente específico con Morris: "Una vez salimos a almorzar con todo el equipo, me pidió que me sentara al lado de él y me tomó de las piernas. En ese momento empecé a distanciarme del equipo". Sin embargo, en lugar de investigar estas denuncias, la Fiscalía inicial acudió a los llamados de Morris, quien asegura que su nombre fue "enlodado" y ha asistido a las audiencias portando el logo de RTVC y acompañado de funcionarios de la entidad pública.
La nueva fiscal asignada al caso deberá abordar el expediente justo en la fase de juicio, cuando se están conociendo las pruebas que pueden condenar o absolver a Castillo. Este cambio institucional podría alterar significativamente el curso del proceso, que hasta ahora parecía comprometido con buscar una sentencia contra la joven denunciante.
Implicaciones jurídicas y sociales
La resolución de Camargo establece precedentes importantes:
- Reconoce el derecho al escrache como protección constitucional
- Exige evaluación con enfoque de género en denuncias por injuria o calumnia contra víctimas
- Establece el deber de la Fiscalía de evitar efectos "silenciadores" sobre las víctimas
- Refuerza la necesidad de mayor rigurosidad analítica en casos de violencia contra mujeres
La decisión ya fue comunicada formalmente a la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema, a la Procuraduría y a todas las partes involucradas, incluyendo tanto a Hollman Morris como a la propia Lina Castillo, quien continúa enfrentando el juicio penal mientras espera que este cambio institucional garantice un proceso más equilibrado y sensible a las dinámicas de género y poder que caracterizan su caso.
