Fiscalía delimita alcance de investigación contra directivos de Sidenor
La Fiscalía ha determinado que la causa abierta para investigar al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y otros dos directivos de la empresa vasca debe continuar exclusivamente para determinar posibles delitos de contrabando, excluyendo completamente las acusaciones de participación en crímenes de lesa humanidad o genocidio. Esta postura ha sido plasmada en un escrito oficial fechado este pasado martes, según han confirmado fuentes jurídicas.
Registro en sede de Basauri y postura fiscal
La posición del ministerio público se enmarca en relación al registro ordenado en la sede de Sidenor en Basauri (Bizkaia), donde agentes policiales permanecieron durante varias horas recabando información sobre la venta de acero a la compañía Israel Military Industries (IMI). La Fiscalía se había opuesto previamente a esta diligencia, considerándola "inadecuada y desproporcionada" en relación al derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio.
En su texto, la Fiscalía argumentó que "a partir de este momento, toda la investigación se está realizando sin apoyatura legal alguna que la permita", defendiendo por tanto la nulidad de todo lo practicado en relación a los delitos de genocidio y lesa humanidad. El organismo estima que el escenario investigativo debe circunscribirse únicamente al delito de contrabando contemplado en la Ley Orgánica 12/1995.
Auto judicial y levantamiento del secreto
En paralelo, el magistrado Francisco de Jorge Mesas ha hecho público este miércoles un auto en el que decide levantar el secreto de una pieza separada de la causa. Esta pieza investigaba específicamente si los directivos de Sidenor pudieron incurrir en delito de contrabando y participación por complicidad en crímenes de lesa humanidad o genocidio.
En su resolución, el juez precisa que alza totalmente el secreto que había decretado para esta pieza separada, al haberse realizado ya la diligencia de entrada y registro. Contra esta decisión, las partes disponen de un plazo de tres días para presentar recurso de reforma.
Origen y desarrollo de la investigación
La investigación se remonta a octubre del año pasado, cuando el juez Francisco de Jorge acordó investigar al presidente de Sidenor por presuntos delitos de contrabando y participación por complicidad en crímenes de lesa humanidad o genocidio. El origen fue la venta, sin autorización aparente, de partidas de acero a la compañía Israel Military Industries.
El Tribunal consideraba que los directivos tenían "pleno conocimiento tanto de que se trata de un fabricante de armas pesadas y ligeras, como de que el material vendido iba a ser usado para la fabricación de armamento". Además, se aseguraba que la venta se habría realizado sin solicitar autorización gubernamental ni inscribirse en el registro correspondiente.
Declaraciones de los investigados
El 12 de noviembre del pasado año, José Antonio Jainaga y los otros dos directivos de la empresa vasca declararon como investigados en esta causa, que fue iniciada a raíz de una querella presentada por la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa.
En su declaración, Jainaga aseguró haber acreditado que Sidenor no había cometido "irregularidad alguna en las ventas de acero a Israel", argumentando que el acero fabricado y exportado por la empresa no figuraba entre los productos sometidos a control especial por parte de la administración.
La investigación continúa ahora con un enfoque más delimitado, centrado exclusivamente en los posibles delitos de contrabando, mientras quedan descartadas las acusaciones más graves que inicialmente formaban parte del proceso judicial.
