Fiscalía retira solicitud de medida cautelar contra exaspirante a viceministerio
En un giro procesal significativo, la Fiscalía General de la Nación desistió formalmente de solicitar la medida de aseguramiento domiciliaria en contra de Juliana Guerrero, quien fuera aspirante al viceministerio de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad. Este movimiento legal ocurrió durante la audiencia de imputación de cargos programada para el martes 10 de marzo, la cual, por segunda ocasión consecutiva, tuvo que ser aplazada debido a la solicitud de la propia implicada.
Argumentos para el desistimiento y aplazamiento
La fiscal a cargo del caso fundamentó la decisión en un oficio dirigido al juzgado 25 con función de control de garantías, señalando que "no se cumplían los presupuestos procesales hasta la fecha" para mantener la solicitud de la medida restrictiva. Paralelamente, Juliana Guerrero presentó una carta solicitando por "segunda y última vez" el aplazamiento de su audiencia, argumentando dificultades para contratar un abogado de confianza dada la connotación pública nacional del caso.
En su comunicación escrita, Guerrero manifestó: "Dada la connotación pública nacional de los hechos por los que he sido citada en calidad de indiciada, me ha resultado materialmente imposible concertar, oportunamente, la contratación de un abogado de mi confianza". La joven aún figura como delegada del Gobierno en los registros oficiales.
Acusaciones y nuevos desarrollos procesales
Juliana Guerrero enfrenta imputación por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documentos públicos, relacionados con la presentación de dos títulos presuntamente falsos de estudios realizados en la Fundación Universitaria San José. La investigación reveló que, según denuncias públicas, Guerrero no habría cumplido los requisitos mínimos para obtener dichos títulos, incluyendo la no presentación de los exámenes de Estado Saber Pro ni Saber TyT.
Además de las acusaciones académicas, la Contraloría General advirtió en noviembre de 2025 que Guerrero habría utilizado una aeronave oficial para compromisos personales, generando gastos por 213 millones de pesos que fueron cubiertos con recursos públicos.
El juzgado deberá presentar nuevamente la carpeta para reparto, ya que la Fiscalía solicitó realizar la imputación de Guerrero junto al secretario de la Fundación San José, argumentando que los hechos por los que serán imputados guardan relación directa. Este desarrollo sugiere una ampliación del alcance de la investigación más allá de la implicada principal.
Contexto político y próximos pasos
Juliana Guerrero, cercana al ministro del Interior Armando Benedetti, había sido propuesta para el viceministerio de las Juventudes antes de que surgieran las denuncias sobre la validez de sus credenciales académicas. El caso ha generado intenso escrutinio público y pone en evidencia los mecanismos de verificación de antecedentes para cargos de alto nivel en el Gobierno nacional.
Con el desistimiento de la medida de aseguramiento, Guerrero permanece en libertad mientras continúa el proceso penal en su contra. La próxima audiencia de imputación, que incluirá tanto a Guerrero como al secretario de la Fundación San José, deberá ser reprogramada una vez se complete el nuevo reparto de la carpeta judicial.
