General retirado insta a equilibrio en la JEP para fortalecer justicia y reconciliación nacional
Colombia se encuentra inmersa en uno de los procesos electorales más complejos y desafiantes de su historia contemporánea, un escenario que puede describirse con precisión mediante el concepto militar VICA: volátil, incierto, complejo y ambiguo. En este contexto particular, el Mayor General (R) Javier Alberto Ayala Amaya, rector de la Universidad Militar Nueva Granada, hace un llamado para abordar con altura y prudencia los temas de seguridad, defensa y paz durante el debate electoral de 2026.
Preocupaciones sobre la Jurisdicción Especial para la Paz
Uno de los principales desafíos que enfrentarán los próximos gobernantes y legisladores será abordar la seguridad y defensa desde la estabilidad institucional. En este campo, diversas voces han manifestado preocupaciones significativas sobre el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro ha señalado fallas estructurales en esta institución, indicando que los militares se encuentran "acorralados" por una justicia que, en la práctica, ha adquirido características adversariales en lugar de dialógicas. Simultáneamente, integrantes de la reserva de la Fuerza Pública expresan desconcierto ante lo que perciben como una inversión de la presunción de inocencia hacia una presunción de responsabilidad objetiva sobre militares y policías.
Las cifras revelan una distribución preocupante: hasta febrero de 2026, el 70% de los imputados por la JEP pertenecen a la Fuerza Pública, mientras que solo el 30% corresponde a miembros de las FARC. Estas estadísticas han generado cuestionamientos desde diversos sectores sobre la celeridad de esta jurisdicción en ciertos casos y su lentitud en otros.
Necesidad de equilibrio e imparcialidad judicial
Para garantizar el orden constitucional, es fundamental que todos los actores perciban que el sistema judicial actúa con equilibrio e imparcialidad, reconociendo plenamente el marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y diferenciando claramente entre los actos propios del conflicto armado y aquellos que exceden este marco.
En este ambiente VICA, algunos integrantes de la Fuerza Pública en retiro, junto con jurisconsultos y políticos, han propuesto reformar la JEP o incluso cesar su funcionamiento. Sin embargo, precisamente por respeto a las víctimas –entre las que se incluyen miles de valerosos militares y policías– debe prevalecer la sensatez: cerrar la JEP eliminaría la seguridad jurídica de cientos de integrantes de la Fuerza Pública que ya han resuelto su situación, mientras que para quienes aún no lo han hecho, existen recursos judiciales que permiten ejercer plenamente sus derechos.
Diálogo constructivo y reformas necesarias
Colombia debe unirse en la búsqueda de una justicia auténtica, ecuánime y confiable. Por esta razón, resulta indispensable discutir sin apasionamientos y con argumentos sólidos las diferentes iniciativas de reforma, estableciendo mecanismos reales e independientes de impugnación y reglas objetivas de imparcialidad.
Asimismo, es necesario revisar los criterios de vinculación reiterada a múltiples macrocasos que podrían comprometer el principio esencial –ampliamente documentado y aplicado– de no juzgar dos veces por el mismo hecho (non bis in idem).
La compleja contienda electoral de 2026 nos obliga a elevar sustancialmente el nivel del diálogo y la discusión nacional. Para fortalecer la justicia transicional es imperativo analizar propuestas oportunas y responsables, pues omitirlas pondría en riesgo no solo a los directamente implicados, sino también la institucionalidad y la seguridad de Colombia.
Construcción de una paz firme y duradera
Como rector de la Universidad Militar Nueva Granada, el Mayor General Ayala Amaya expresa su convicción de que una paz firme se construye formando ciudadanos con sentido ético y espíritu crítico, garantizando simultáneamente que las reglas del juego sean justas para todos los actores involucrados.
Debemos transitar hacia un escenario donde la seguridad, la defensa y la paz dejen de ser elementos de polarización política y se conviertan en compromisos colectivos en los que todos –Estado, ciudadanía, Fuerza Pública, instituciones y academia– actuemos unidos. En este propósito fundamental, una justicia verdaderamente equilibrada, que observe escrupulosamente los principios constitucionales y el DIH, contribuirá decisivamente a que los procesos electorales de 2026 marquen el inicio de una nueva era de reconciliación nacional y estabilidad democrática para toda nuestra sociedad.
La construcción de este camino requiere de diálogo constante, análisis riguroso y voluntad política para implementar las reformas necesarias que fortalezcan nuestro sistema de justicia transicional, siempre con el objetivo último de lograr una paz estable y duradera para las generaciones presentes y futuras de colombianos.
