JEP insta a Gobierno a expedir decreto de sanciones antes de cambio de administración
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha oficializado un recurso de insistencia dirigido al Gobierno nacional, exigiendo la expedición del decreto sobre las condiciones de cumplimiento de las sentencias antes de que finalice el actual mandato presidencial. Esta declaración fue emitida durante la novena sesión de la Instancia de Articulación (Insart), ante la delegación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que evaluó los desafíos de las sanciones restaurativas en Colombia.
Riesgos por cambio de gobierno
El secretario ejecutivo de la JEP, Harvey Danilo Suárez, advirtió sobre los riesgos que corre la implementación de los fallos judiciales debido al próximo cambio de administración gubernamental. "Este gobierno está a pocos meses de terminar su gestión y la historia de las políticas públicas nos muestra que hay temas que se quedan en el camino", sentenció Suárez ante los delegados internacionales.
El funcionario subrayó la necesidad urgente de asegurar el marco jurídico antes del cierre del actual periodo presidencial, argumentando que el recurso busca garantizar "las condiciones necesarias para materializar las sanciones impuestas" y proteger la independencia de la Jurisdicción en el contexto electoral actual.
Evaluación internacional de las sanciones
La delegación de la Corte Penal Internacional, encabezada por Jonathan Agar, jefe de Asuntos Externos, y la oficial jurídica Eugenia Valenzuela, revisó el contenido de las tres primeras sanciones impuestas a máximos responsables de crímenes de guerra. Aunque calificaron a Colombia como un "referente mundial" en justicia transicional, los diplomáticos señalaron que constataron directamente los "esfuerzos y desafíos" existentes para la implementación de las Sanciones Propias.
La revisión se centró específicamente en:
- Los proyectos restaurativos del Caso 01, contra el último Secretariado de las Farc-EP por secuestros
- El Subcaso Costa Caribe del Caso 03, sobre asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate
Reconocimiento de trabas operativas
El Gobierno nacional reconoció las dificultades operativas para ejecutar lo ordenado por los jueces transicionales. Juan David Villalba, director de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, admitió las discrepancias entre los ritmos de la justicia y la burocracia estatal. "A veces es difícil acompasar los tiempos judiciales con los tiempos de la administración pública, pero eso es lo que hemos estado trabajando", explicó Villalba.
El director anunció que se han formulado siete proyectos restaurativos que iniciarán su financiación y ejecución el próximo mes de abril, lo que representa un avance concreto en la materialización de las sanciones.
Recursos y coordinación institucional
Sara Rodríguez, directora encargada de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, remarcó que la viabilidad del modelo de justicia restaurativa depende directamente de los recursos disponibles. "La justicia restaurativa exige coordinación, compromiso y acción", afirmó Rodríguez, quien solicitó mecanismos de monitoreo específicos para convertir las decisiones judiciales en "ejecución estatal real".
Por su parte, el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, recordó que el Estado colombiano adquirió obligaciones específicas con la Corte Penal Internacional en 2021. Ramelli explicó que el acuerdo vigente compromete al país a "preservar el marco legal y constitucional" y a "garantizar las asignaciones presupuestarias requeridas" para el funcionamiento del tribunal.
Condiciones para las víctimas
El magistrado insistió en que las sentencias deben estar soportadas en proyectos que garanticen "condiciones de seguridad y habitabilidad" para los comparecientes, requisitos indispensables para el restablecimiento efectivo de los derechos de las víctimas. La ejecución de las Sanciones Propias incluye trabajos y obras con contenido reparador específicamente diseñados para beneficiar directamente a las víctimas del conflicto armado.
Agar y Valenzuela confirmaron que la Fiscalía de la CPI mantendrá el seguimiento continuo sobre la ejecución de estas penas, asegurando que el proceso cumpla con los estándares internacionales de justicia transicional y reparación integral.
