La JEP expulsa al general (r) Mauricio Santoyo por incumplir con la verdad plena para las víctimas
En una decisión histórica, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) expulsó este lunes 16 de febrero al general (r) Mauricio Alfonso Santoyo Velasco. La determinación se tomó debido a que el exoficial incumplió "de manera grave e injustificada el régimen de condicionalidad" al no aportar la verdad plena requerida para las víctimas del conflicto armado.
Falta de información clave para la justicia transicional
Según la JEP, Santoyo no entregó la información necesaria para cumplir con los requisitos fundamentales de verdad, justicia y reparación de las víctimas. A pesar de haberse acogido inicialmente a este mecanismo de justicia transicional, el general retirado omitió datos esenciales que impedían avanzar en estos procesos restaurativos.
La decisión, documentada en 65 páginas y firmada por los magistrados Pedro Elías Díaz Romero y Carlos Alberto Suárez López, establece que Santoyo deberá regresar a la justicia ordinaria. Allí continúa un proceso penal en su contra, donde la Fiscalía 56 Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos ya lo había acusado formalmente.
Orden de captura inmediata y cambio de reclusión
Como consecuencia directa de esta expulsión, la JEP ordenó la captura inmediata del general (r) Santoyo, basándose en una orden judicial emitida originalmente el 26 de abril de 2019. Actualmente, el exoficial se encuentra recluido en la Escuela de Posgrados de la Policía, ubicada al norte de Bogotá.
Sin embargo, tras esta decisión, deberá ser trasladado a un centro de reclusión convencional para cumplir con la medida preventiva mientras avanza el proceso penal en su contra. Este cambio representa un endurecimiento significativo en su situación legal y carcelaria.
Contexto legal y antecedentes del caso
El caso del general (r) Santoyo se enmarca en los esfuerzos de la JEP para garantizar que quienes se acogen a sus mecanismos cumplan estrictamente con los requisitos establecidos. La falta de cooperación plena con la verdad ha demostrado ser motivo suficiente para la expulsión y retorno a la justicia ordinaria.
Esta decisión envía un mensaje claro sobre la seriedad de los compromisos adquiridos ante la jurisdicción especial y refuerza el principio de que el acceso a beneficios condicionales exige una contribución completa y verificable al esclarecimiento de los hechos.
