Consejo Superior de la Judicatura autoriza trabajo remoto por protestas indígenas en Bogotá
El Consejo Superior de la Judicatura de Bogotá ha tomado una medida excepcional al autorizar que, a partir del próximo martes 17 de febrero, los funcionarios y empleados de la sede Aydee Anzola Linares en la capital colombiana realicen únicamente trabajo virtual y remoto. Esta decisión se mantendrá mientras persistan los inconvenientes de ingreso a las instalaciones judiciales.
Protestas de la ACONC generan bloqueos en sedes judiciales
La medida fue adoptada como respuesta directa a las protestas lideradas por la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC). Por su parte, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá manifestó su rechazo a las acciones realizadas por integrantes de la guardia indígena, quienes han bloqueado "el acceso a las sedes de los juzgados y restringido la libertad de locomoción de magistrados, jueces y servidores judiciales".
El tribunal fue enfático al señalar que "la protesta social, bajo ninguna circunstancia, puede derivar en la retención de personas ni en el asedio a las sedes de la justicia". Además, exigió el respeto a la integridad física y a la dignidad de los funcionarios judiciales afectados por el bloqueo total de los puntos de acceso.
Cerca de 1.500 personas afectadas por los bloqueos
De acuerdo con los reportes oficiales, aproximadamente 1.500 personas permanecieron sin poder salir de sus lugares de trabajo desde la mañana del 16 de febrero. Entre los afectados se encuentran no solo funcionarios judiciales, sino también empleados del Ministerio de Educación, el DANE y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Los voceros de la ACONC han manifestado durante el acompañamiento institucional que no aceptan interlocución con entidades distritales y que solo esperan respuestas de autoridades del orden nacional. Sus demandas se centran específicamente en temas de tierras, proyectos productivos y atención social.
Exigencias directas al Gobierno nacional
Los manifestantes de la ACONC exigen ser atendidos directamente por el Gobierno nacional, rechazando cualquier diálogo con autoridades locales o distritales. Esta postura ha generado una situación compleja que afecta el normal funcionamiento de importantes instituciones públicas en Bogotá.
La medida del Consejo Superior de la Judicatura representa un esfuerzo por garantizar la continuidad del trabajo judicial mientras se resuelven las dificultades de acceso físico a las instalaciones. Sin embargo, el tribunal ha dejado claro que el derecho a la protesta no puede vulnerar otros derechos fundamentales como la libertad de locomoción y el acceso a la justicia.
