Audiencia Nacional profundiza investigación sobre ventas de acero a empresa armamentística israelí
El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha decidido levantar el secreto de una pieza separada dentro de la investigación que sigue contra el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y otros dos directivos de la empresa. Esta decisión se produce tras el registro policial realizado en la sede de la compañía ubicada en Basauri, Bizkaia, donde la Policía Nacional intervino para recabar evidencias.
Detalles del procedimiento judicial
Según el auto dictado este miércoles, el magistrado había incoado una pieza separada en secreto el pasado 8 de enero, con prórroga el 6 de febrero, específicamente para autorizar el registro de la planta de Sidenor. Una vez ejecutada la entrada en las instalaciones, el juez consideró oportuno levantar el secreto de estas actuaciones, permitiendo mayor transparencia en el proceso.
La investigación se centra en presuntos delitos de contrabando y participación por complicidad en delitos de lesa humanidad o genocidio. Los hechos investigados giran en torno a ventas de acero realizadas por Sidenor a la empresa Israel Military Industries (IMSI), reconocida fabricante de armamento.
Fundamentos legales de la investigación
El magistrado sostiene que estas transacciones comerciales se habrían realizado sin solicitar la autorización correspondiente del Gobierno español y sin inscribirse en el registro pertinente. Estas omisiones, según el juez, podrían constituir un delito de contrabando según la Ley Orgánica de Represión del Contrabando.
Adicionalmente, el instructor considera que podrían configurarse delitos de participación por complicidad en delitos de lesa humanidad (artículos 29 y 607 bis del Código Penal) o, alternativamente, complicidad en genocidio (artículo 607 del mismo cuerpo legal).
Posición de los investigados y contexto de la causa
Los tres directivos investigados declararon el pasado 12 de noviembre ante el juez, manteniendo su inocencia y argumentando que no cometieron irregularidad alguna. Según su defensa, al tratarse de acero sin alear, no requería autorización especial gubernamental, y en el momento de las ventas no existían restricciones comerciales con Israel.
La causa judicial se originó a partir de una querella presentada por la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, que actúa como acusación popular representando la campaña "Fin al Comercio de Armas con Israel". Curiosamente, la tramitación de esta querella coincidió con el anuncio de Sidenor, el 1 de julio de 2025, sobre la suspensión de ventas de productos de acero a Israel.
La empresa justificó esta decisión señalando que actuaba "tras la decisión tomada por el Gobierno de España el pasado mes de abril de suspender el contrato de ventas a Israel". Este contexto político añade complejidad a un caso que combina aspectos comerciales, legales y de derechos humanos en un escenario internacional sensible.
