Ratifican prisión para exfuncionario prófugo en escándalo de la UNGRD
Un juzgado de la ciudad de Bogotá confirmó de manera definitiva que César Manrique Soacha, actualmente prófugo de la justicia colombiana, debe cumplir una medida de aseguramiento intramural por su presunta participación como uno de los principales cerebros en el escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Decisión judicial tras apelación de la defensa
La determinación judicial se produjo después de que el magistrado analizara exhaustivamente la apelación presentada por los abogados defensores del exdirector de Función Pública. El juez encontró que se cumplieron todos los parámetros legales necesarios para mantener la solicitud de prisión preventiva que había formulado la Fiscalía General de la Nación durante el año anterior.
Esta ratificación judicial representa un duro revés para la estrategia legal de Manrique, quien ocupaba un alto cargo durante el gobierno del presidente Gustavo Petro y es señalado por las autoridades como una pieza fundamental en el entramado corrupto que desvió recursos destinados a la gestión de emergencias y desastres en todo el territorio nacional.
Implicaciones en el caso de corrupción
El escándalo de la UNGRD ha sido calificado como uno de los mayores casos de corrupción en la historia reciente de Colombia, involucrando a múltiples funcionarios públicos y contratistas privados. La confirmación de la medida de aseguramiento contra Manrique refuerza la posición de la Fiscalía en su investigación, que busca esclarecer:
- Los mecanismos utilizados para el desvío de fondos públicos
- Las redes de complicidad dentro de la entidad
- El impacto en la capacidad de respuesta ante emergencias nacionales
- La posible participación de otros altos funcionarios del gobierno
La situación jurídica de César Manrique se complica aún más por su condición de prófugo, lo que ha dificultado la ejecución de las órdenes judiciales en su contra. Las autoridades continúan con las labores de búsqueda y captura para lograr su aprehensión y posterior traslado a un centro carcelario.
Este caso mantiene en alerta al sistema judicial colombiano y evidencia los graves problemas de corrupción que afectan a instituciones clave para la protección de la población vulnerable durante situaciones de desastre y emergencia humanitaria.
