Corte Suprema de Justicia inicia juicio contra congresista del Centro Democrático
En un hecho que marca un nuevo capítulo en los procesos judiciales contra miembros del Congreso, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha llamado formalmente a juicio a Yénica Acosta, representante a la Cámara por el departamento del Amazonas bajo la bandera del Centro Democrático. La decisión judicial se produjo durante la mañana de este lunes 23 de febrero, tras meses de investigación por parte del alto tribunal.
Investigación por presunto delito de peculado
La congresista se encuentra bajo la lupa de la justicia desde mayo de 2024, cuando la Corte Suprema inició una investigación formal en su contra por el delito de peculado por apropiación. Los cargos se derivan de una presunta contratación irregular dentro de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), el equipo de apoyo con el que cuentan los congresistas para desarrollar sus funciones.
Según la denuncia que sustenta el caso, Acosta habría incorporado a una persona en su equipo legislativo quien, durante un período de diez meses consecutivos, habría recibido su salario completo sin cumplir con ninguna de las obligaciones laborales correspondientes. La investigación señala que este empleado no ejerció funciones ni realizó actividades propias de su cargo dentro del Congreso de la República.
Implicaciones políticas y judiciales
Este proceso judicial se suma a otros casos de supuesta corrupción que han afectado a diferentes bancadas en el legislativo colombiano. La llamada a juicio representa un paso significativo en la investigación, pues demuestra que la Corte Suprema encontró elementos suficientes para avanzar hacia la etapa de debate oral y pruebas.
La representante Acosta, quien ha ejercido su cargo por el Amazonas, deberá ahora enfrentar el proceso judicial mientras continúa sus funciones parlamentarias, a menos que se decrete una medida cautelar diferente. El Centro Democrático, partido al que pertenece la congresista, se enfrenta a otro escrutinio público en medio de un clima político donde la transparencia en el uso de recursos públicos es tema central de debate.
La investigación continúa su curso y se espera que en las próximas semanas se definan fechas para las audiencias y la presentación de pruebas por ambas partes. Este caso podría establecer precedentes importantes sobre la supervisión de las contrataciones dentro del poder legislativo colombiano.
