Justicia confirma juicio oral contra exconsejera presidencial Sandra Ortiz por corrupción en UNGRD
El Tribunal Superior de Bogotá ha negado la solicitud de preclusión presentada por la defensa de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, confirmando definitivamente que deberá enfrentar un juicio oral por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).
Decisión judicial en segunda instancia
En una decisión de segunda instancia, el alto tribunal concluyó que no existen argumentos suficientes para archivar el caso, contrario a lo solicitado por sus abogados defensores. La Fiscalía General de la Nación imputa a Ortiz los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, al considerar que habría actuado como intermediaria en la entrega de millonarios recursos públicos a congresistas.
Según las acusaciones, estos recursos habrían sido intercambiados por el respaldo político a las reformas impulsadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. La defensa de Ortiz alegaba inconsistencias en el proceso y ausencia de pruebas sólidas, pero el tribunal determinó que sí existen elementos suficientes para avanzar hacia la etapa de juicio oral.
Contexto del escándalo de corrupción
Sandra Ortiz, quien ocupó el cargo de consejera presidencial para las regiones, ha insistido en su inocencia en múltiples declaraciones. Sin embargo, actualmente permanece privada de la libertad en un centro de reclusión en Bogotá, mientras se define la fecha exacta para el inicio del juicio oral.
Este caso forma parte de una investigación más amplia sobre la presunta red de corrupción en la UNGRD, considerada uno de los mayores escándalos de los últimos años en Colombia. La magnitud del caso ha generado un fuerte impacto en la opinión pública y ha sacudido los cimientos del gobierno nacional.
Próximos pasos en el proceso judicial
Con la confirmación del juicio oral, el proceso entra en su fase definitiva, donde se presentarán pruebas documentales, testimonios de testigos y argumentaciones de ambas partes. Esta etapa será crucial para determinar la responsabilidad penal de la exfuncionaria.
El desarrollo del juicio oral permitirá esclarecer los hechos específicos que se le imputan a Ortiz, particularmente su presunto papel como intermediaria en el desvío de recursos públicos. La sociedad colombiana sigue atentamente este caso que ha expuesto graves problemas de corrupción en entidades estatales.
