Funcionaria ausente en audiencia clave por presunta falsificación de títulos universitarios
Por segunda ocasión en menos de treinta días, Juliana Andrea Guerrero Jiménez no compareció ante la justicia para enfrentar la audiencia de imputación de cargos programada por la Fiscalía General de la Nación. La diligencia judicial, que tenía como objetivo formalizar las acusaciones por la presunta falsificación de títulos universitarios, estaba prevista para la mañana del 10 de marzo en los juzgados del Complejo Judicial de Paloquemao, ubicado en la capital del país.
Proceso judicial devuelto a reparto tras ausencia de la investigada
Después de aproximadamente una hora de espera y ante la evidente ausencia de la funcionaria investigada, la audiencia no pudo llevarse a cabo. La juez 79 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá tomó la decisión de devolver a reparto todo el proceso relacionado con la imputación de cargos y la eventual solicitud de medida de aseguramiento en contra de Guerrero. Con esta determinación judicial, otro despacho deberá fijar una nueva fecha para continuar con el procedimiento legal que busca establecer responsabilidades en este caso.
La investigación se centra en los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, todos relacionados con presuntas irregularidades detectadas en los títulos académicos presentados por la funcionaria. Las autoridades judiciales buscan determinar si estos documentos fueron obtenidos sin cumplir con los requisitos exigidos por la ley y si fueron utilizados de manera indebida para acceder a cargos dentro de la administración pública colombiana.
Fiscalía retira solicitud de detención domiciliaria
Durante el desarrollo de la audiencia, se conoció una información relevante: la Fiscalía retiró formalmente la solicitud de medida de aseguramiento con detención domiciliaria que había sido radicada previamente ante el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao. Esta petición había sido presentada desde el pasado 9 de febrero como parte integral del proceso penal que adelanta el ente acusador contra Guerrero.
No obstante, durante la diligencia judicial se informó oficialmente que dicha solicitud fue retirada mientras continúa el trámite completo de la investigación. Este caso se ha convertido en uno de los episodios recientes que han generado amplio debate a nivel nacional, especialmente considerando que la funcionaria había sido postulada previamente para el cargo de viceministra de Juventudes del Ministerio de la Igualdad.
Solicitud de aplazamiento y rechazo a defensa pública
Horas después de iniciada la diligencia judicial, Guerrero envió una carta formal dirigida a la Fiscalía en la cual solicitó aplazar nuevamente la audiencia con el objetivo fundamental de contratar un abogado de su entera confianza. El documento fue remitido hacia las 10:00 de la mañana y fue leído durante la diligencia judicial por la jueza que lleva el caso.
En la comunicación escrita, la investigada argumentó de manera detallada que la atención pública masiva que ha recibido el proceso le ha dificultado considerablemente concretar la contratación de un defensor particular. "Me permito dirigirme respetuosamente a su despacho con el fin de solicitar el aplazamiento por última vez de la audiencia de formulación de imputación", señaló en la carta fechada el mismo día de la audiencia programada.
Según explicó la funcionaria, debido a la "connotación pública y nacional de los hechos", le resultó "materialmente imposible concretar oportunamente la contratación de un abogado de mi confianza que pueda asumir de manera adecuada mi defensa técnica". Aunque Guerrero cuenta actualmente con defensa dentro del proceso judicial, manifestó claramente que no desea continuar con la representación de un abogado asignado por la Defensoría del Pueblo.
Investigación centrada en títulos de contaduría pública
La investigación de la Fiscalía se concentra específicamente en diplomas de contaduría pública obtenidos en la Fundación Universitaria San José. Según el ente acusador, estos documentos habrían sido presentados sin cumplir algunos requisitos obligatorios para la obtención del título profesional, entre los cuales se destaca especialmente la presentación de la prueba estatal Saber Pro.
Las autoridades judiciales buscan establecer de manera definitiva la validez legal de dichos títulos y determinar con precisión si estos fueron utilizados de manera consciente para acceder a cargos dentro de la administración pública colombiana. Con la decisión judicial de devolver el expediente completo a reparto, se espera que en los próximos días se programe una nueva fecha para la audiencia de imputación de cargos contra Guerrero, momento en el cual la Fiscalía presentará formalmente todos los elementos probatorios del caso.
En su comunicación escrita, la investigada aseguró que su solicitud busca salvaguardar sus garantías constitucionales al debido proceso y al derecho fundamental a la defensa técnica adecuada. Además, manifestó explícitamente su disposición completa de comparecer a las futuras audiencias programadas y colaborar de manera activa con las autoridades judiciales durante todo el desarrollo del proceso investigativo.
