Justicia estadounidense autoriza al Tesoro compartir datos de inmigrantes con ICE
La agencia tributaria federal de Estados Unidos, conocida como el Servicio de Impuestos Internos (IRS), ha establecido un acuerdo formal con las autoridades migratorias para compartir información confidencial de contribuyentes. Este pacto, validado por documentos judiciales, representa un instrumento clave para que el gobierno identifique y proceda con la deportación de migrantes en situación irregular.
Un acuerdo que genera controversia y preocupación
Según los documentos revelados, el acuerdo fue concretado el lunes y otorga al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la facultad de solicitar legalmente información sobre individuos bajo investigación criminal. El IRS, por su parte, está obligado a proporcionar datos como lugar de residencia, ingresos e información familiar de los contribuyentes, información que normalmente está protegida por estrictas leyes federales de privacidad.
Este desarrollo constituye una victoria significativa para el presidente Donald Trump, quien ha prometido ejecutar la campaña de deportación más extensa en la historia del país. Sin embargo, simultáneamente genera una profunda preocupación entre los grupos defensores de los derechos de los migrantes, quienes advierten sobre graves violaciones a la privacidad y posibles deportaciones injustas.
Las implicaciones para millones de personas
Se estima que aproximadamente 11 millones de personas viven en situación irregular en Estados Unidos, muchas de ellas latinoamericanas de escasos recursos. Estos individuos, a pesar de su estatus migratorio, con frecuencia pagan impuestos utilizando un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), lo que los convierte en contribuyentes registrados ante el IRS.
El acuerdo permitiría al ICE acceder a esta información fiscal para localizar y deportar a aquellos que ya están bajo investigación o han recibido órdenes de abandonar el país. Grupos de defensa presentaron una demanda en marzo contra el Departamento del Tesoro intentando bloquear esta divulgación, argumentando que viola las leyes de privacidad establecidas.
Preocupaciones sobre falsos positivos y errores administrativos
Expertos del Tax Law Center han advertido que identificar personas basándose únicamente en nombre y dirección podría generar numerosos falsos positivos, llevando a deportaciones erróneas. Esta preocupación se ve reforzada por el reconocimiento del Departamento de Justicia sobre un "error administrativo" en la expulsión a El Salvador de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño de 29 años deportado junto a más de 200 personas, principalmente venezolanas.
Los abogados de Public Citizen, representando a los grupos de defensa, sostienen que este acuerdo amenaza con violar derechos fundamentales de estadounidenses y migrantes por igual, socavando protecciones legales de larga data que resguardan la información fiscal de divulgaciones indebidas.
El contexto político migratorio
Esta medida se enmarca dentro de la agresiva política migratoria impulsada por la administración Trump, que incluye el uso de leyes históricas como la ley de enemigos extranjeros de 1798 para confinar migrantes en centros especializados. Las palabras del presidente dan a entender que no buscará apoyo legislativo adicional para activar esta nueva fase de control migratorio, avanzando mediante acuerdos interagenciales y decisiones judiciales.
El impacto potencial es considerable: además de afectar directamente a quienes enfrentan deportación, establece un precedente preocupante sobre el intercambio de información gubernamental que podría extenderse a otros ámbitos de la privacidad ciudadana en el futuro.
