La doble vara de la justicia transicional en Colombia
Creer en la justicia se vuelve una tarea titánica cuando la igualdad ante la ley se reduce a una mera frase retórica. El sistema judicial colombiano exhibe contradicciones profundas que socavan la confianza ciudadana y plantean interrogantes sobre la imparcialidad de las instituciones.
Condenas diametralmente opuestas
En el año 2025, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó al Secretariado de las FARC por la comisión de 21.396 secuestros, muchos de ellos acompañados de asesinatos, torturas, reclutamiento forzado y violencia sexual. La sanción impuesta consistió en ocho años de acciones restaurativas, sin pérdida de derechos políticos y con la única medida restrictiva de portar un brazalete electrónico.
Los excomandantes guerrilleros consideraron esta condena "indignante" y excesiva, por lo que inmediatamente presentaron recursos de apelación. Mientras tanto, en una celda convencional, se encuentra Jorge Visbal, expresidente de Fedegán, exsenador y exembajador, cuya trayectoria de servicio público no lo exime de rendir cuentas, pero tampoco justifica que su proceso judicial haya sido contaminado por sesgos ideológicos o políticos.
El caso paradigmático de Jorge Visbal
Visbal no ha cometido los crímenes atroces por los que fueron condenados los exintegrantes de las FARC. No ha asesinado, secuestrado, torturado ni violado a nadie. Paradójicamente, en 2024, la JEP lo reconoció como víctima de crímenes "no amnistiables" perpetrados por esa guerrilla, aunque dos meses antes le había cerrado las puertas que sí abrió generosamente para los victimarios.
La razón de este rechazo fue reveladora: "El solicitante podría haber aportado información sobre colaboraciones de estas estructuras armadas al margen de la ley con otros gremios o, en general, con la élite económica, la clase política, integrantes de la fuerza pública y de agentes del Estado". Como Visbal no proporcionó tales acusaciones -posiblemente porque carecía de fundamentos- se le negó el beneficio.
Proceso judicial acelerado y cuestionado
La JEP devolvió el caso a la Corte Suprema de Justicia en junio de 2025, y para agosto ya se había resuelto en su contra el recurso de casación, confirmando la sentencia de nueve años de prisión. La inusual rapidez de este proceso judicial contrasta con los quince años que ha durado la investigación en su contra, iniciada en 2011.
La sentencia de 78 páginas presenta similitudes preocupantes con el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe, no solo por la celeridad inusitada en esta fase, sino por la desestimación sistemática de los argumentos presentados por la defensa.
Una cuestión de humanidad y salud
Jorge Visbal, de 73 años, enfrenta graves problemas de salud que agravan su situación carcelaria:
- Ha sufrido múltiples infartos, el primero ocurrido en Ginebra durante un ciclo de negociaciones con el ELN en el año 2000
- Se ha sometido a una operación a corazón abierto
- Padece una condición cardiaca que, según su historia clínica, conlleva riesgo de muerte
- Requiere proximidad a un centro médico especializado que pueda practicar procedimientos de urgencia, algo que una cárcel no puede garantizar
El costo humano de un proceso prolongado
Durante estos quince años de proceso judicial, la familia de Visbal ha experimentado un tormento continuo, consumiendo no solo recursos económicos sino, principalmente, la esperanza en el sistema de justicia. Un hombre que sirvió al país, que no representa peligro para la sociedad y a quien la justicia le ha negado todo, merece al menos la concesión de casa por cárcel.
Esta medida no solo constituye un derecho por su delicada condición médica, sino que representa un asunto fundamental de humanidad y compasión que debería guiar las decisiones del sistema judicial colombiano.
