Juzgados para descongestionar sistema judicial en Barranquilla paralizados por falta de recursos
En Barranquilla, la implementación de nuevos juzgados diseñados para aliviar la significativa congestión del sistema judicial se encuentra completamente paralizada. La razón principal es la falta de transferencia de recursos financieros por parte del Ministerio de Hacienda del gobierno nacional liderado por Gustavo Petro.
Creación aprobada pero sin funcionamiento
La creación de estos despachos judiciales fue formalmente aprobada el 30 de diciembre de 2025. Sin embargo, según revelaciones del diario El Heraldo, solamente dos de estos juzgados cuentan actualmente con certificado de disponibilidad presupuestal. Se trata específicamente de juzgados civiles de pequeñas causas, los cuales fueron priorizados por el Consejo Superior de la Judicatura debido a la marcada congestión que registran estos despachos en la ciudad.
"La Rama Judicial no puede proveer los cargos ni poner en marcha estos despachos que tanto se necesitan", insistieron fuentes consultadas. Aunque los juzgados fueron creados a finales de diciembre, el periodo de vacancia judicial y el reinicio de actividades el 12 de enero marcaron el inicio de la espera formal por los certificados presupuestales. A la fecha, ha transcurrido más de un mes sin que se concrete la asignación completa de los recursos.
Contexto de congestión judicial en Barranquilla
La situación es particularmente crítica considerando el actual panorama judicial en la capital del Atlántico:
- Existen más de 50 despachos en la especialidad penal, incluyendo juzgados de control de garantías, juzgados penales municipales, juzgados penales del circuito y cinco juzgados especializados.
- Persisten demoras significativas en los procesos debido a la abrumadora cantidad de casos que maneja cada despacho.
- Los juzgados civiles de pequeñas causas conocen de delitos querellables que requieren solicitud de la víctima para iniciar la acción penal.
- También procesan casos de violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria, lesiones personales y delitos contra el patrimonio económico en cuantías menores.
Estas conductas representan un alto impacto social y, por tener penas más bajas, enfrentan términos de prescripción más cortos, lo que incrementa dramáticamente la urgencia de su trámite eficiente.
Recursos disponibles pero insuficientes
La Rama Judicial en el departamento del Atlántico confirmó que cuenta con recursos para poner en funcionamiento únicamente dos juzgados civiles de pequeñas causas. Esta limitación presupuestal contrasta fuertemente con la necesidad real de la ciudad, donde la congestión judicial afecta directamente el acceso a la justicia de miles de ciudadanos.
Las autoridades judiciales locales han manifestado que sin la transferencia oportuna de recursos por parte del gobierno nacional, es materialmente imposible activar estas dependencias judiciales tan necesarias. La espera por los certificados presupuestales completos se prolonga mientras los casos judiciales continúan acumulándose en los despachos existentes.
Esta situación refleja un desafío estructural en la administración de justicia en Barranquilla, donde la creación de nuevas capacidades judiciales choca con limitaciones financieras del gobierno central. La resolución de este impasse presupuestal se ha convertido en un requisito fundamental para mejorar la eficiencia del sistema judicial en la región.
