Aprueban en el Congreso ley para combatir la multirreincidencia delictiva
La ley promovida por Junts para enfrentar la multirreincidencia criminal será aprobada este jueves en el Congreso con un amplio respaldo parlamentario que incluye a los principales partidos políticos. Este proceso legislativo, iniciado en 2024, ha culminado exitosamente después de intensas negociaciones que permitieron al Gobierno acercar posiciones con sus socios de investidura.
Largo camino legislativo y reactivación política
La propuesta de Junts permaneció estancada durante más de un año en el Congreso hasta que fue reactivada en noviembre pasado. Este movimiento coincidió con el anuncio de ruptura de la formación de Carles Puigdemont con el Ejecutivo por incumplimientos políticos, situación que había llevado a declarar la legislatura como "bloqueada". La Comisión de Justicia dio luz verde al texto en diciembre con el apoyo de PSOE, PP, Vox y PNV, mientras que ERC optó por la abstención.
Principales medidas y endurecimiento penal
El dictamen final que se somete a votación incorpora importantes modificaciones consensuadas entre PP y PSOE. Entre las disposiciones más destacadas se encuentran:
- Penalización con hasta tres años de cárcel para el robo de teléfonos móviles
- Endurecimiento de las sanciones previstas en el Código Penal para delitos de estafa en circunstancias específicas
- Tipificación como delito de la práctica conocida como 'petaqueo', que involucra el suministro de combustible a embarcaciones narcotraficantes
- Castigo con penas de uno a seis años de prisión para estafas menores a 400 euros cuando los autores sean multirreincidentes
Nuevas facultades judiciales y medidas cautelares
La legislación otorga mayores herramientas a los jueces para combatir la delincuencia, incluyendo la capacidad de retirar cautelarmente contenidos ilícitos en internet y bloquear servicios que los alojen, incluso cuando estén radicados en el extranjero. Además, faculta a los juzgados para adoptar con mayor eficacia medidas cautelares de carácter personal, como la prohibición de acudir o residir en determinados lugares.
Refuerzo institucional y participación local
La proposición de ley fortalece significativamente la participación de las entidades locales en la respuesta institucional frente a delitos de hurto, reconociéndoles legitimación para ejercer la acción penal en estos casos. El texto también subraya la necesidad de un aumento estructural de jueces de adscripción territorial, medida que requerirá la aprobación de la Ley de Ampliación y Fortalecimiento de la Carrera Judicial y Fiscal, la cual prevé la incorporación de 2.500 nuevos magistrados.
Oposición y próximos pasos legislativos
Pese al amplio respaldo, la ley enfrentó la oposición de Sumar, Bildu y Podemos, quienes la calificaron de "populismo punitivo" que beneficia principalmente a la extrema derecha. Tras su aprobación en el pleno del Congreso, el texto será remitido al Senado para continuar su tramitación parlamentaria.
Contexto político y gestos de acercamiento
La aprobación de esta iniciativa de Junts se interpreta como un nuevo gesto del Gobierno y del PSOE hacia el partido de Carles Puigdemont, enmarcado en una serie de acercamientos a sus socios de investidura para mantener su apoyo parlamentario. Este contexto incluye acuerdos recientes con Podemos sobre regularización migratoria que han abierto la puerta a posibles delegaciones de competencias a Cataluña, una aspiración histórica de Junts.
Queda pendiente el cumplimiento de otra exigencia clave de Junts: la publicación de las balanzas fiscales, aspecto que continúa siendo objeto de negociación entre las fuerzas políticas. Este proceso legislativo demuestra la compleja dinámica parlamentaria y los equilibrios necesarios para avanzar iniciativas en un Congreso fragmentado.
