General retirado del DAS sale en libertad condicional tras más de una década de reclusión
Después de permanecer doce años y tres meses privado de su libertad en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), el general en retiro Miguel Alfredo Maza Márquez recibió la libertad condicional por parte del Juzgado 16 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá. El exdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) fue condenado por su responsabilidad en uno de los crímenes políticos más emblemáticos de Colombia: el asesinato del líder liberal Luis Carlos Galán Sarmiento.
Fundamentos legales de la decisión judicial
La resolución judicial se basó en dos aspectos fundamentales: primero, el cumplimiento del tiempo mínimo de reclusión exigido por la legislación colombiana; y segundo, la buena conducta demostrada por Maza Márquez durante su estadía en el centro penitenciario. El general retirado había sido privado de libertad desde noviembre de 2013, cumpliendo así una porción significativa de la sentencia de treinta años que le fue impuesta.
Actualmente, el oficial se encuentra en el Cespo finalizando los trámites administrativos necesarios para su salida física. La decisión judicial establece condiciones específicas que deben cumplirse:
- Suscribir un acta de compromiso formal ante las autoridades judiciales.
- Constituir una caución prendaria equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, que actuará como garantía del cumplimiento de las obligaciones impuestas.
Condiciones de vigilancia durante la libertad condicional
El fallo judicial determina que, durante los casi once años de período de prueba, Miguel Maza Márquez estará bajo vigilancia judicial total. Aunque la orden de libertad se emitió formalmente el pasado 27 de febrero, diversos trámites administrativos han retrasado su salida efectiva del centro de reclusión.
Contexto histórico del caso Galán
La condena contra Miguel Maza Márquez, ratificada por la Corte Suprema de Justicia en 2016, se fundamentó en su rol determinante para facilitar el asesinato de Luis Carlos Galán el 18 de agosto de 1989 en Soacha. El alto tribunal estableció que existió un "acuerdo común" entre el entonces director del DAS y las autodefensas del Magdalena Medio, con el objetivo deliberado de debilitar el esquema de seguridad del candidato presidencial.
Según los documentos judiciales, Maza Márquez intervino directamente en el nombramiento de Jacobo Torregrosa como jefe de escoltas, una figura que la justicia calificó como carente de idoneidad y presuntamente cooptada por los victimarios. La Corte subrayó que, sin la alteración deliberada del dispositivo de protección, el crimen no se habría consumado.
Además de la responsabilidad en el magnicidio de Galán, el general retirado fue sentenciado por los homicidios del concejal Julio César Peñaloza y el escolta Santiago Cuervo.
Implicaciones judiciales y procesos pendientes
La liberación condicional de Maza Márquez ocurre en un contexto donde su nombre sigue vinculado a otros procesos judiciales de alto impacto, particularmente aquellos relacionados con lo que sería el exterminio de la Unión Patriótica (UP). La justicia colombiana estableció previamente que, desde la dirección del DAS, el oficial no solo omitió la persecución de grupos paramilitares, sino que permitió la instrucción militar de sicarios y desvió las investigaciones iniciales para encubrir a los verdaderos responsables.
Actualmente, el exoficial espera que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) procese la orden judicial para abandonar definitivamente las instalaciones policiales en el norte de Bogotá. Este caso continúa siendo un referente en la historia judicial colombiana sobre la persecución de crímenes de Estado.
