Magistrada Alma Chamat Lozano asume caso crucial sobre libertad de exministros en escándalo UNGRD
El Tribunal Superior de Bogotá ha designado formalmente a la magistrada Alma Chamat Lozano como la ponente encargada de resolver las apelaciones presentadas por los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, quienes se encuentran actualmente privados de la libertad tras ser imputados por su presunta participación en el caso de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Esta decisión judicial, tomada en febrero de 2026, marca un punto de inflexión en el proceso legal que ha captado la atención nacional.
Complejo proceso administrativo y conflictos de reparto judicial
La asignación de la magistrada Chamat Lozano no fue un procedimiento sencillo, sino que surgió tras un intenso conflicto de reparto dentro de la corporación judicial. Varios magistrados se abstuvieron de conocer el expediente debido a que comparten sala con Aura Alexandra Rosero, la togada que dictó la medida de aseguramiento original en diciembre pasado. Esta situación generó un debate interno significativo sobre cómo procesar recursos de aforados en circunstancias tan particulares.
El laberinto administrativo se complicó aún más cuando los despachos de los magistrados Catalina Guerrero y Ramiro Riaño no pudieron asumir el estudio de las apelaciones. Finalmente, el expediente fue rotado hasta llegar a Alma Gertrudis Chamat Lozano, quien reemplaza en esta labor a Juan Carlos Arias debido a una licencia médica. La magistrada Chamat será la encargada de sustentar la ponencia ante sus colegas de sala, los juristas Efraín Bermúdez y Fabio Bernal, quienes tendrán la última palabra sobre la situación procesal de los exfuncionarios del gobierno nacional.
Conocimiento integral del caso y contexto probatorio
Un elemento crucial en esta designación es que la magistrada Chamat Lozano ya conoce las entrañas del caso UNGRD, pues en su despacho reposa la apelación del preacuerdo de Olmedo López. Esta coincidencia garantiza que la sala tenga un contexto integral y profundo sobre las pruebas recolectadas por la Fiscalía General, lo que podría agilizar significativamente la resolución de los recursos interpuestos por las defensas.
Las apelaciones buscan revocar la decisión de primera instancia que mantiene a los exministros bajo medida intramural, mientras la justicia busca determinar su responsabilidad en un esquema de coimas y contratos irregulares diseñado durante el año 2023 para desfalcar a la UNGRD. Según la fiscal María Cristina Patiño, ambos exfuncionarios fueron piezas fundamentales en este entramado ilegal, aunque inicialmente la Fiscalía había solicitado una detención domiciliaria en lugar de prisión preventiva.
Repercusiones nacionales y precedente judicial
El desenlace de esta apelación marcará un precedente significativo en el tratamiento judicial de altos funcionarios vinculados a casos de corrupción administrativa y desfalcos al erario público. Los exministros esperan que este nuevo reparto resulte en una revocatoria de la medida mientras se preparan para la fase de acusación, que determinará finalmente su situación legal.
Por ahora, el expediente se encuentra en estudio prioritario, dada la relevancia nacional que representa el escándalo de la UNGRD y el interés público en ver cómo la justicia aborda casos de esta magnitud. La decisión de la magistrada Chamat y sus colegas de sala será observada con atención por la ciudadanía, los medios de comunicación y la comunidad jurídica colombiana.
