Magistrado con pasado oscuro ahora investiga a jueces del caso Uribe
En un giro que ha generado controversia en el ámbito judicial colombiano, el magistrado Juan Carlos Granados, quien enfrenta una investigación por supuestamente aceptar sobornos de la multinacional Odebrecht, ha decidido abrir una investigación disciplinaria contra los magistrados que absolvieron al expresidente Álvaro Uribe en el caso de soborno a testigos.
La decisión que genera suspicacias
Mediante una resolución fechada el 9 de febrero, Granados ordenó investigar a los magistrados Miguel Antonio Merchán Gutiérrez, Alexandra Ossa y María Leonor Oviedo Pinto por presunta violación al régimen de inhabilidades. Esta decisión ha sido cuestionada por diversos sectores, dado el historial del propio magistrado investigador.
Un expediente que lleva cuatro años dormido
La situación de Granados es particularmente delicada. Cuando estaba a punto de ser acusado formalmente por la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia, fue postulado y elegido como magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Este movimiento estratégico trasladó automáticamente su proceso penal a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, instancia conocida por su lentitud procesal y la influencia de las mayorías políticas.
Desde entonces, el expediente contra Granados ha permanecido prácticamente estancado durante más de cuatro años. En 2021 llegaron a la Cámara dos actuaciones: una quedó en el despacho del representante conservador Juan Carlos Wills y otra en el de la congresista del Pacto Gloria Arizabaleta. Aunque fuentes de la Comisión de Acusaciones aseguran que ambos expedientes siguen activos y "no tienen riesgo de prescripción", los avances han sido mínimos.
Los cargos contra Granados
El magistrado enfrenta graves acusaciones relacionadas con su época como gobernador de Boyacá:
- Presuntamente intentó beneficiar a Odebrecht en la licitación del proyecto vial Duitama-Charalá-San Gil a cambio de 200 millones de pesos
- Fue imputado en 2018 por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias
- También se investiga su posible injerencia en el contrato para la ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Salitre
El acuerdo con Odebrecht
Según la acusación conocida, siendo candidato a la gobernación de Boyacá para el periodo 2012-2015, Granados participó en una reunión en la casa del entonces parlamentario Plinio Olano, donde también estuvieron presentes el representante de Odebrecht en Colombia, Luiz Alberto Bueno Junior, y Federico Gaviria Velásquez. En ese encuentro se le habría expuesto su plan de gobierno, haciendo énfasis en el proyecto de la vía Duitama-Charalá-San Gil.
El supuesto acuerdo criminal consistía en que Odebrecht apoyaría la campaña de Granados con 200 millones de pesos, dinero que según la Fiscalía fue entregado en efectivo "al parlamentario en una reunión posterior realizada en ese mismo lugar". A cambio, la multinacional sería favorecida en proyectos de infraestructura en Boyacá durante la administración del ahora magistrado.
Una carrera ascendente pese a las investigaciones
Lo más preocupante es que, pese a estas graves acusaciones, Granados actualmente ejerce como vicepresidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y podría asumir la Presidencia de esa corporación el próximo año, sin que se haya definido su situación jurídica. Este escenario ha generado críticas sobre la efectividad del sistema de controles en la justicia colombiana.
EL TIEMPO intentó comunicarse con el magistrado Granados Becerra para conocer su versión sobre los avances de los procesos en su contra, pero no obtuvo respuesta. El silencio del magistrado contrasta con la actividad que ha demostrado al ordenar investigaciones contra otros jueces, generando dudas sobre la imparcialidad de sus decisiones.
Un sistema judicial bajo cuestionamiento
Este caso pone en evidencia las complejidades y contradicciones del sistema judicial colombiano, donde un magistrado investigado por corrupción tiene la potestad de investigar a otros jueces. La situación genera preguntas fundamentales sobre:
- La efectividad de los mecanismos de control disciplinario
- La independencia real de las investigaciones judiciales
- La transparencia en los procesos de selección de magistrados
- La capacidad del sistema para investigar a sus propios integrantes
Mientras tanto, los expedientes contra Granados continúan engavetados en el Congreso, y el magistrado sigue ejerciendo sus funciones con plena normalidad, incluyendo la facultad de investigar a otros miembros del poder judicial. Un escenario que, sin duda, seguirá generando debate en los próximos meses.
