Ministro de Justicia llama a resolver controversia salarial por vías jurídicas
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, intentó este martes desescalar la tensión entre el Gobierno Nacional y la Rama Judicial al afirmar que la controversia por la suspensión del decreto del salario mínimo se resolverá exclusivamente mediante recursos jurídicos establecidos, específicamente un recurso de súplica, y no a través de presiones externas o movilizaciones sociales.
Respeto a la autonomía judicial en medio del debate institucional
Durante la conmemoración de los 34 años de la Corte Constitucional de Colombia, celebrada en la Pontificia Universidad Javeriana, el funcionario reiteró el respeto absoluto del Ejecutivo por la autonomía e independencia de los jueces y magistrados. Esta declaración se produce en el contexto del intenso debate generado tras la decisión del Consejo de Estado de suspender temporalmente el decreto presidencial que establecía el salario mínimo para el próximo período, y posteriormente, la convocatoria a marchas y protestas por parte del presidente Gustavo Petro.
Cuervo explicó detalladamente que la discusión central es "sobre todo jurídico-constitucional" y confirmó que el Gobierno Nacional presentará formalmente el recurso de súplica contra la decisión del alto tribunal administrativo. "Se va a presentar el recurso de súplica el día de mañana y se va a tener el decreto transitorio que exigió el auto del Consejo de Estado", precisó el ministro, subrayando enfáticamente que los conflictos entre poderes del Estado deben resolverse estrictamente dentro del marco del derecho y las instituciones.
Protesta legítima pero sin presión indebida sobre magistrados
Aunque el ministro validó explícitamente el derecho a la protesta como una herramienta fundamental y democrática, enfatizó con claridad que las movilizaciones ciudadanas no deben interpretarse jamás como presión indebida sobre los magistrados o como un intento de influir en sus decisiones judiciales. "Los fallos judiciales se acatan, se discuten de acuerdo con los recursos establecidos", afirmó Cuervo, alineándose completamente con el comunicado oficial emitido previamente por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial.
Caso del niño Kevin: investigación exhaustiva y garantismo
En relación con el trágico fallecimiento del niño Kevin y la polémica generada por pronunciamientos oficiales sobre posibles condicionamientos en el sistema de salud, el ministro adoptó una postura garantista y protectora de derechos. Solicitó investigaciones exhaustivas, profundas y transparentes por parte de las autoridades competentes.
Señaló categóricamente que el derecho fundamental a la salud no puede estar condicionado bajo ninguna circunstancia al comportamiento, situación económica o características personales de los pacientes, calificando el lamentable hecho como una tragedia nacional que no debe repetirse jamás en el territorio colombiano. "La Superintendencia Nacional de Salud tiene que establecer la investigación… si falló la EPS, si falló la IPS", afirmó con contundencia, insistiendo en que las entidades de control y vigilancia deben determinar con precisión las responsabilidades administrativas y operativas correspondientes.
Política de drogas: continuidad del enfoque en salud pública
Finalmente, el ministro Jorge Iván Cuervo ratificó la continuidad y fortalecimiento de la política de drogas impulsada durante la gestión del exministro Néstor Osuna, marcando una distancia considerable y definitiva con el enfoque tradicional de "guerra contra las drogas" que predominó en administraciones anteriores.
Explicó que el Gobierno del presidente Petro priorizará estratégicamente la salud pública, la prevención integral y la reducción de daños asociados al consumo, con la clara intención de avanzar progresivamente hacia la despenalización del consumo personal y mantener simultáneamente la persecución penal implacable de las estructuras criminales dedicadas a la producción y comercialización a gran escala de sustancias psicoactivas.
Este enfoque innovador, humanista y basado en evidencia científica quedará formalmente incorporado en el próximo Plan Nacional de Política Criminal, documento que será discutido, analizado y aprobado con el Consejo Superior de Política Criminal para los próximos cuatro años, estableciendo así una hoja de ruta clara y coherente en esta materia de alta sensibilidad social.
