Corte Suprema sanciona a abogado por emplear inteligencia artificial que fabricó jurisprudencia inexistente
La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha impuesto una multa de 26 millones de pesos, equivalente a aproximadamente 6.000 dólares, al abogado Jorge Hernán Zapata Vargas. La sanción se debe a que el profesional presentó un recurso judicial que contenía normas y sentencias completamente inexistentes, las cuales fueron generadas mediante el uso de inteligencia artificial (IA).
Verificación oficial y reconocimiento del abogado
El alto tribunal certificó de manera oficial que ninguna de las sentencias citadas en el documento figuraba en los sistemas judiciales colombianos. Posteriormente, el propio abogado reconoció que las imprecisiones fueron consecuencia, según sus palabras, "posiblemente, de un programa de Inteligencia Artificial que se trabaja con el fin de agilizar las contestación y tramites". Este reconocimiento quedó plasmado en la sentencia, la cual fue dada a conocer este lunes.
Fallo por temeridad procesal y advertencias sobre pseudo-derecho
La decisión judicial determinó que el abogado incurrió en "temeridad procesal" al invocar artículos mal citados y precedentes que no existen en la realidad. Esto ocurrió en un recurso extraordinario de revisión contra un fallo emitido por el Tribunal Superior de Villavicencio.
La Corte señaló que el profesional incumplió su deber esencial de verificar la autenticidad de las fuentes antes de utilizarlas en un proceso legal. Además, advirtió que esta obligación es indelegable, incluso cuando se emplean herramientas tecnológicas avanzadas como la inteligencia artificial.
El fallo también alertó sobre el riesgo de incorporar al ámbito judicial lo que denominó "pseudo-derecho", es decir, contenidos que aparentan ser jurisprudencia real pero que en realidad son ficticios. Subrayó que los modelos de lenguaje generativo, aunque pueden producir información que parece verosímil, tienen el potencial de generar datos falsos que comprometen la integridad de los procesos legales.
Consecuencias disciplinarias y precedente histórico
Como consecuencia de esta situación, la Corte Suprema ordenó remitir el caso a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá. Este organismo deberá determinar si el abogado incurrió en una falta disciplinaria y, en caso afirmativo, aplicar las sanciones correspondientes según la normativa vigente.
Esta sentencia constituye una de las primeras en Colombia que aborda la responsabilidad de los abogados por el uso indebido de inteligencia artificial en actuaciones judiciales. Establece un precedente crucial sobre la obligación imperativa de verificar y validar cualquier información generada por estas herramientas tecnológicas antes de presentarla en un tribunal.
El caso resalta la importancia de mantener los estándares éticos y profesionales en la era digital, donde la tecnología puede facilitar procesos pero también introducir riesgos significativos si no se utiliza con la debida diligencia y supervisión humana.
