Nuevo giro en investigación por muerte de hijo de general policial
El Juzgado 026 Penal de Conocimiento recibió este viernes 20 de marzo de 2026 a cuatro personas vinculadas a una investigación renovada sobre la muerte de Juan Felipe Rincón, hijo de un general de la Policía Nacional. El joven falleció tras recibir un disparo en el barrio Quiroga durante noviembre de 2024, en un caso que ha tomado dimensiones cada vez más complejas.
Expansión de cargos en audiencia clave
Mientras inicialmente solo Andrés Felipe Sotelo había sido vinculado penalmente por homicidio, el panorama cambió radicalmente durante la reciente audiencia de imputación. La Fiscalía General de la Nación presentó cargos contra Andrés Camilo Sotelo Torres, Katherine Andrea Sotelo Torres, Solanyi Trujillo Devia y Yeimi Tatiana Vega López, acusándolos ahora de delitos graves que incluyen tortura en calidad de coautores, uso de menores para comisión de delitos, ocultamiento sistemático de pruebas y soborno en actuación penal.
Un quinto individuo, Juan Sebastián Ávila Ochoa, también fue vinculado al proceso, aunque su audiencia de imputación fue aplazada hasta el 25 de marzo debido a la ausencia de defensa técnica en el momento de la diligencia.
Cuatro fases de un plan criminal detallado
Durante la exposición de los hechos, el fiscal asignado al caso describió minuciosamente cómo los eventos se desarrollaron en cuatro fases claramente diferenciadas. La primera etapa, denominada de gestación del plan criminal, habría ocurrido entre el 13 y el 23 de noviembre de 2024.
El contacto inicial se estableció a través de una transmisión en vivo en TikTok, según la investigación fiscal. Posteriormente, Katherine Sotelo habría creado un perfil falso en Instagram que, aunque cambió de nombre, mantuvo la misma URL con sus datos personales. Desde esta cuenta fraudulentamente constituida, retomó el contacto con la víctima días después, intensificando progresivamente la comunicación con el objetivo explícito de vincularlo con otros perfiles, incluyendo el de una menor de edad.
Coordinación y móvil del crimen
En la fase de planeación, los imputados coordinaron meticulosamente la llegada de Juan Felipe Rincón al barrio Quiroga. El destino original, según la Fiscalía, era un inmueble que funcionaba como punto de expendio de estupefacientes bajo el control de Camilo Sotelo.
El móvil del crimen, según la versión del ente acusador, se originó en una acusación según la cual la víctima habría sostenido conversaciones de contenido sexual con una menor de edad. Este señalamiento, presentado como verídico por los imputados, habría sido el detonante que justificó el plan criminal en su percepción.
Cambio de estrategia y manipulación de testigos
Tras la captura inicial de Sotelo por homicidio, los participantes del plan modificaron radicalmente su estrategia. Abandonaron el plan original de desaparecer permanentemente el celular de la víctima y optaron por devolverlo deliberadamente a las autoridades, en lo que la Fiscalía interpreta como un intento de manipulación de la evidencia.
El 25 de noviembre de 2024, según la investigación, dos de las implicadas contactaron directamente a una menor de edad, ofreciéndole dinero a cambio de que declarara ante la Fiscalía favoreciendo específicamente a uno de los acusados. Esta acción constituye el núcleo de la acusación por soborno en actuación penal.
Atribución específica de delitos
La Fiscalía atribuyó a cada uno de los procesados delitos específicos según su grado de participación en los hechos:
- Tortura en calidad de coautores
- Uso de menores para la comisión de delitos
- Ocultamiento de material probatorio
- Soborno en actuación penal
Al finalizar la audiencia, ninguno de los cuatro imputados aceptó los cargos formulados en su contra, lo que abre el camino para una investigación más profunda y futuras diligencias procesales.
Este caso representa un giro significativo en la investigación de un crimen que ha captado la atención pública no solo por la víctima involucrada, sino por la complejidad de los delitos ahora imputados, que trascienden el homicidio inicial para incluir conductas particularmente graves dentro del sistema penal colombiano.
