La futura oficina de la Fiscalía de la CPI en Bogotá: un proyecto en construcción
La instalación de una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en Bogotá continúa siendo, por el momento, un proyecto en desarrollo. Un documento elaborado en el marco del acuerdo de cooperación entre Colombia y la Fiscalía del tribunal internacional traza las líneas de lo que sería esa presencia en el territorio nacional, sin que hasta ahora se haya materializado su apertura oficial.
El texto no constituye un acto administrativo ni una decisión definitiva. Se trata, más bien, de una hoja de ruta que describe cómo funcionaría una "presencia reforzada" de la Fiscalía de la CPI en Colombia, en desarrollo de los compromisos adquiridos tras el cierre del examen preliminar que el organismo mantenía sobre la situación del país.
Compromisos del Estado colombiano
"Por parte de Colombia, estos compromisos incluyen, entre otros, la preservación y el apoyo de las estructuras nacionales existentes que operan para garantizar la rendición de cuentas, la seguridad del personal judicial y fiscal, así como de los participantes que comparecen ante los diferentes mecanismos de rendición de cuentas, y la promoción de la plena cooperación y coordinación entre las distintas entidades estatales involucradas, incluyendo la Fiscalía General de la República y la Jurisdicción Especial para la Paz", especifica el documento.
De hecho, Eugenia Valenzuela, oficial jurídica de la Unidad de Complementariedad y Sociedad Civil de Asuntos Externos, y Jonathan Agar, jefe de Asuntos Externos, estuvieron hace más de un mes en Bogotá evaluando el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado colombiano tras el cierre del examen preliminar en 2021. Se anticipa una nueva visita el próximo mes.
Características de la futura oficina
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene su sede principal en La Haya, Países Bajos. Desde allí, y como órgano independiente del tribunal, opera dentro de las instalaciones de la Corte, con la responsabilidad de investigar delitos como:
- Genocidio
- Crímenes de lesa humanidad
- Crímenes de guerra
El borrador establece que el primer paso sería establecer una oficina física en Bogotá, mediante el alquiler de un espacio "llave en mano", preferiblemente en un edificio que albergue a otras organizaciones internacionales. La ubicación, según el documento, debería ser cercana a los principales socios institucionales, en particular la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con el objetivo de facilitar el intercambio constante de información.
La idea es que desde ese espacio se coordinen las actividades previstas en los planes de trabajo firmados en junio de 2023 entre la Fiscalía de la CPI, el Gobierno colombiano y la JEP, todos orientados a fortalecer la cooperación en materia de justicia y rendición de cuentas.
Requisitos para su materialización
Para que esa presencia se concrete, el documento señala que será necesario suscribir un Memorando de Entendimiento entre la Fiscalía de la CPI y el Estado colombiano. Este instrumento deberá definir aspectos como:
- Las garantías de seguridad
- Los privilegios e inmunidades del personal
- El funcionamiento de la oficina en el país
La eventual oficina no tendría una estructura amplia. En su fase inicial, se proyecta el despliegue de dos o tres funcionarios de la Fiscalía, bajo un esquema rotativo que asegure la presencia permanente de al menos dos de ellos en Bogotá.
El personal podría permanecer por periodos prolongados —entre uno y dos años— y sería complementado por expertos internacionales que participarían en actividades puntuales, como capacitaciones o asistencia técnica.
Modelo de intercambio bidireccional
Además, el modelo contempla un flujo en dos direcciones: expertos colombianos, principalmente de la JEP, podrían ser adscritos temporalmente a la sede de la CPI en La Haya, en un esquema de intercambio de conocimiento.
El documento insiste en que esta presencia se enmarca en el principio de complementariedad del Estatuto de Roma: la responsabilidad principal de investigar y juzgar recae en las autoridades nacionales.
En ese sentido, la función de la Fiscalía de la CPI en Bogotá sería de apoyo, asesoría y seguimiento, mediante el intercambio de buenas prácticas y el monitoreo cercano de los avances en justicia transicional.
Duración y financiamiento
Aunque el texto utiliza el término "presencia permanente", aclara que no se trata de una instalación indefinida. Su duración estaría sujeta a evaluaciones anuales y, en principio, se proyecta como necesaria durante el periodo de funcionamiento de la JEP, cuyo mandato investigativo se extiende hasta 2028.
Durante ese tiempo, la Fiscalía de la CPI considera que su acompañamiento podría ser especialmente relevante, dado el ritmo y la complejidad de los procesos en curso dentro del sistema de justicia transicional.
La oficina implicaría costos de personal, desplazamientos, alojamiento, seguridad y funcionamiento administrativo. Parte de estos gastos sería cubierta por el presupuesto ordinario de la Fiscalía, pero se prevé que la financiación principal provenga de contribuciones voluntarias internacionales.
Incluso se menciona la posibilidad de que entidades colombianas, como la JEP, contribuyan con recursos logísticos, por ejemplo, asignando espacios de trabajo o facilitando personal de enlace.
Estado actual del proyecto
A pesar del nivel de detalle del documento, la apertura de la oficina no se ha materializado. El propio texto condiciona su implementación a la aprobación del enfoque conceptual, la firma de acuerdos adicionales y la disponibilidad de recursos.
Por ahora, lo que existe es un diseño institucional que busca acercar a la Fiscalía de la CPI al terreno colombiano en un momento clave para la justicia transicional. Su concreción dependerá de decisiones políticas, jurídicas y presupuestales que aún están en curso.
