El presidente Gustavo Petro solicitó una demanda penal por prevaricato contra el magistrado ponente del Consejo de Estado que suspendió provisionalmente el decreto reglamentario que ordenaba el traslado de recursos de fondos privados de pensiones hacia Colpensiones. Esta decisión reavivó la tensión en torno a la reforma pensional y al alcance de las decisiones judiciales sobre su implementación en Colombia.
El fallo del Consejo de Estado
La reacción del mandatario se produjo después de que el Consejo de Estado ampliara la suspensión del Decreto 415 del 20 de abril de 2026, relacionado con la llamada ventana de oportunidad para traslados pensionales. Aunque el alto tribunal ya había suspendido una parte del decreto, este lunes extendió la medida a la totalidad de su contenido, excepto los apartes previamente cobijados por el auto anterior.
El punto central de la controversia son los recursos pensionales estimados en $25 billones, asociados al traslado desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hacia Colpensiones. Inicialmente, la suspensión cobijaba los recursos de afiliados que aún no habían hecho efectivo su derecho a la pensión por no contar con los requisitos necesarios. En esos casos, la parte destinada al pago de mesadas permanecía en revisión.
Con la nueva decisión, todo el decreto de traslados quedó suspendido de forma provisional. El auto del Consejo de Estado ordenó: “Decretar la suspensión provisional del Decreto 415 del 20 de abril de 2026, salvo aquellos apartes que ya fueron objeto de suspensión en el auto del 28 de abril de 2026, por las razones indicadas en la parte motiva de esta providencia”.
Reacción del presidente Petro
Petro respondió desde su cuenta en X y sostuvo que la decisión judicial iba en contra de los trabajadores. “Dado que la sentencia del magistrado del Consejo de Estado a favor del interés de los banqueros y en contra del interés general de los trabajadores y de la ley vigente que aquí muestro, pido demandar penalmente por prevaricato al magistrado ponente”, escribió el jefe de Estado.
El señalamiento del presidente apuntó al magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar, quien fue el ponente de la decisión. Para el mandatario, el fallo contradice la ley vigente sobre el sistema pensional y favorece intereses del sector financiero. Su pronunciamiento elevó el tono de una discusión que ya venía marcada por el choque entre las decisiones judiciales y la aplicación de la reforma pensional impulsada por el Gobierno.
En la publicación divulgada por Petro se mostró un fragmento de la Ley 2381, norma que hace parte de la reforma pensional. Ese apartado establece que los recursos acumulados en las cuentas de ahorro individual continuarán siendo administrados por las AFP hasta que se consolide la pensión integral de vejez o la pensión del régimen anterior.
La Ley 2381 y el debate por la reforma pensional
La apuesta del Gobierno Petro también supone la posibilidad de traslado de régimen bajo determinadas condiciones y previa doble asesoría, conforme a lo establecido en la Ley 1748 de 2014. Ese elemento es clave en la discusión, porque la ventana de oportunidad quedó abierta pese a que la reforma pensional fue suspendida en la Corte Constitucional.
El debate jurídico se concentra ahora en la figura del prevaricato, que en Colombia se utiliza cuando un funcionario público profiere una decisión presuntamente contraria a la ley. Sin embargo, cualquier denuncia deberá garantizar el debido proceso, y será la justicia la encargada de determinar si existen elementos para abrir una investigación formal contra el magistrado señalado.
Esta controversia agrega un nuevo capítulo a la discusión sobre la reforma pensional, sus decretos reglamentarios y el papel de las altas cortes en su puesta en marcha. Mientras el Gobierno defiende que la norma vigente respalda los traslados bajo la ventana de oportunidad, la decisión del Consejo de Estado mantiene suspendido el decreto y deja el debate en un terreno institucional de alto impacto para afiliados, fondos privados y Colpensiones.
