Tribunal de Bogotá declara prescripción del caso contra general (r) Guatibonza por 'chuzadas'
Prescriben caso contra general Guatibonza por interceptaciones ilegales

Justicia cierra definitivamente caso contra general retirado por presuntas 'chuzadas'

En un fallo que pone punto final a un prolongado proceso judicial, el Tribunal Superior de Bogotá declaró la prescripción de la acción penal contra el general en retiro Humberto de Jesús Guatibonza Carreño, quien estaba vinculado a una supuesta red de interceptaciones telefónicas ilegales conocidas como "chuzadas". La decisión judicial establece que la Fiscalía General de la Nación no logró demostrar la responsabilidad del excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá durante los casi siete años que duró la investigación.

Detalles del fallo judicial

La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá resolvió el recurso de apelación presentado por la Fiscalía contra la absolución de primera instancia emitida en abril de 2025. En un pronunciamiento de 24 páginas, el alto tribunal dispuso: "Declarar la prescripción de la acción penal y precluir el procedimiento a favor de Humberto de Jesús Guatibonza Carreño por el delito de concierto para delinquir simple". Esta decisión se suma a las fallas probatorias que ya había identificado el juzgado de primera instancia.

Origen y desarrollo del caso

El controvertido caso de las "chuzadas" se originó en una investigación por una presunta red de interceptaciones ilegales que, según las acusaciones de la Fiscalía, operaba a través de empresas de seguridad privada. Las autoridades investigaban si esta red permitía acceder a información reservada de:

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  • Empresarios y particulares
  • Integrantes de la Fuerza Pública
  • Funcionarios judiciales

El general Guatibonza enfrentaba cargos por tres delitos graves:

  1. Concierto para delinquir agravado
  2. Interceptación de datos informáticos agravada
  3. Uso de software malicioso agravado

Problemas probatorios y defensa

A lo largo del extenso proceso judicial, la defensa del general retirado sostuvo consistentemente que las diligencias de policía judicial presentaban graves falencias técnicas y probatorias. Los abogados argumentaron que no existían pruebas concluyentes que acreditaran la participación de Guatibonza en las conductas investigadas.

El juez de primera instancia había sido contundente en su evaluación de las pruebas: "No hay información suficiente que permita establecer qué sistema informático fue vulnerado, cuándo fue vulnerado, cómo fue vulnerado y qué participación habría tenido en esa vulneración cada uno de los tres procesados que aquí se encuentran".

Cronología del proceso

El caso tuvo un desarrollo judicial complejo que se extendió por varios años:

  • 12 de septiembre de 2018: Captura del general Guatibonza en el marco de las investigaciones
  • Enero de 2019: La Fiscalía radica el escrito de acusación formal
  • 22 de octubre de 2019: El exoficial recupera su libertad
  • Agosto de 2025: El Juzgado 35 Penal del Circuito absuelve al general tras siete años de proceso
  • Finales de 2025: Tribunal Superior confirma la prescripción del caso

Fundamentos de la decisión final

El Tribunal Superior no solo confirmó los problemas probatorios identificados en primera instancia, sino que además determinó que la acción penal ya había prescrito legalmente. Los magistrados señalaron que el material presentado por la Fiscalía "no superó el estándar de conocimiento requerido para desvirtuar la presunción de inocencia" y recordaron que "las pruebas de referencia no pueden ser el único soporte de una sentencia condenatoria en el sistema penal acusatorio".

Aunque la Fiscalía buscaba que se revocara la absolución y se emitiera una condena contra el general retirado, el Tribunal concluyó que las deficiencias en la investigación, sumadas al transcurso del tiempo, hacían imposible continuar con el proceso. Esta decisión cierra definitivamente uno de los casos más emblemáticos de presuntas interceptaciones ilegales en Colombia, marcando un precedente sobre los estándares probatorios requeridos en procesos por delitos tecnológicos complejos.

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