Procuraduría sanciona con destitución e inhabilidad a jueza militar por acoso laboral
En un fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación ha impuesto una severa sanción disciplinaria contra la teniente coronel Heidy Johaana Zuleta Gómez, quien se desempeñaba como jueza primera de la Brigada de la Justicia Penal Militar con sede en Barranquilla. La funcionaria ha sido destituida e inhabilitada por un período de 10 años para ejercer cargos públicos, tras comprobarse que cometió acoso laboral en perjuicio de una subalterna con grado de mayor.
Conductas de maltrato y persecución laboral
El ente de control estableció que, en el marco de la relación laboral y profesional entre la disciplinada y la quejosa, la oficial incurrió en múltiples conductas reprochables que configuraron acoso laboral. Según las pruebas recaudadas, la teniente coronel Zuleta Gómez:
- Ridiculizó de manera constante a la mayor por su equipo de cómputo
- Formuló alusiones inapropiadas a su vida íntima y personal
- Utilizó su antigüedad y posición jerárquica para intimidar y hostigar a la subalterna
La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 3, que conoció el caso en primera instancia, calificó estas faltas como gravísimas y determinó que fueron cometidas a título de dolo, es decir, con plena conciencia y voluntad de causar daño.
Consecuencias psicológicas para la víctima
De acuerdo con la evaluación psicológica practicada durante la investigación, las conductas de acoso generaron en la víctima ansiedad y depresión, afectando significativamente su salud mental y bienestar emocional. El organismo concluyó que la funcionaria violó de manera flagrante el deber funcional y el principio de moralidad que deben regir el ejercicio de la función pública.
La Procuraduría enfatizó que estas acciones no solo perjudicaron a la oficial afectada, sino que también impactaron negativamente el buen servicio público y la convivencia laboral dentro de la institución militar. El fallo sienta un precedente importante en la lucha contra el acoso laboral en las fuerzas armadas y organismos de seguridad del Estado.
Esta decisión disciplinaria se produce en un contexto donde el Ministerio Público ha intensificado sus acciones contra funcionarios que incurren en conductas que vulneran los derechos de sus subalternos, especialmente en instituciones donde la jerarquía y la disciplina son elementos fundamentales de la estructura organizacional.
