Procuraduría inicia investigación disciplinaria contra interventores de Coosalud EPS
La Procuraduría General de la Nación ha ordenado la apertura de una investigación disciplinaria contra cinco agentes interventores de Coosalud EPS, una de las Entidades Promotoras de Salud intervenidas por el Gobierno nacional. Esta decisión procesal se fundamenta en informes técnicos, jurídicos y financieros elaborados tras una visita administrativa realizada a la entidad de salud.
Suspensión provisional de funcionario clave
En paralelo a la apertura de la investigación, la Procuraduría ha decretado una medida cautelar de suspensión provisional por tres meses contra Alexander Mesa Romero, quien se desempeñaba como agente especial interventor de la EPS. La decisión se adoptó con base en los criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad establecidos en la normativa disciplinaria vigente.
La providencia señala claramente que "la suspensión provisional no es una medida definitiva sino cautelar", y se justifica como idónea para evitar la posible reiteración de las conductas investigadas mientras se adelantan las diligencias correspondientes.
Origen del caso y contexto de crisis sanitaria
El origen del proceso disciplinario se remonta al 4 de febrero de 2026, cuando la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social remitió a los procuradores disciplinarios de instrucción varios informes relacionados con la situación de distintas EPS intervenidas por el Gobierno.
Entre estos documentos se incluyó el informe correspondiente a Coosalud EPS, que posteriormente fue asignado para su análisis a la Delegada para Vigilancia Administrativa. El documento central del expediente es el informe denominado "Visita administrativa y de control de gestión a Coosalud EPS", elaborado a partir de una diligencia realizada el 14 de agosto de 2025 en la entidad.
Según se consigna en la actuación disciplinaria, la visita administrativa se justificó por la situación del sistema de salud colombiano, particularmente por lo que el documento describe como "la grave crisis que atraviesa el Sistema General de Seguridad Social en Salud".
Funcionarios investigados y alcances de la medida
Los cinco funcionarios contra quienes se abrió investigación disciplinaria son:
- Mauricio Camaro Fuentes
- Gloria Libia Polanía Aguillón
- Carlos Eduardo Franco Muñoz
- Julio César Piñeros Cruz
- Alexander Mesa Romero
Todos están vinculados al proceso en su calidad de interventores de Coosalud EPS. La medida cautelar de suspensión provisional implica la separación inmediata del cargo y la suspensión de cualquier remuneración, conforme a lo establecido en el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019.
Consecuencias procesales y próximos pasos
La Procuraduría ha ordenado comunicar la decisión a la Superintendencia Nacional de Salud, para que proceda a ejecutar la suspensión y designe temporalmente un reemplazo mientras se mantiene vigente la medida cautelar. La decisión será consultada ante la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría, aunque esta consulta no suspende la aplicación inmediata de la medida.
Dentro de la actuación disciplinaria también se decretó la práctica de pruebas y la posibilidad de que los investigados rindan versión libre, si así lo solicitan en ejercicio de sus derechos procesales. Asimismo, se dispuso la incorporación al expediente de certificados de antecedentes disciplinarios de los funcionarios vinculados, información sobre su vínculo con la entidad, salarios devengados y última dirección conocida.
Equipo investigador designado
Finalmente, el despacho procuradorial ha comisionado a Oscar Iván Rivera Pacheco, Marcela Pema Reyes y Diego Fernando Caicedo Rocero para adelantar las diligencias del proceso, practicar las pruebas decretadas y desarrollar todas las actuaciones necesarias para el esclarecimiento completo de los hechos investigados.
Este caso se enmarca en el contexto más amplio de la crisis del sistema de salud colombiano, donde según el informe de la Procuraduría se advierte "la violación sistemática del derecho fundamental a la salud y la desestabilización financiera del sistema de salud", aspectos que motivaron directamente el traslado de la información a la instancia disciplinaria.
