Detalles del caso que conmociona a comunidades religiosas y educativas
Las autoridades judiciales revelaron los pormenores de la captura de un sacerdote acusado de presuntamente abusar sexualmente de una menor de 13 años durante un retiro espiritual organizado en el departamento de Santander. Los hechos, que habrían ocurrido en diciembre de 2015, salieron a la luz pública recientemente cuando la víctima decidió romper años de silencio.
Contexto del presunto delito
En aquel momento, el sacerdote Mario Hernando Reyes Zambrano ejercía como rector de una institución educativa en Duitama, Boyacá, y organizó una misión católica en la zona rural de Santa Elena del Opón, Santander. Al evento asistieron varios acólitos y personal del colegio, incluyendo a la menor afectada.
Según la investigación fiscal, el religioso habría aprovechado su posición de autoridad para ingresar a la habitación donde se alojaba la adolescente, sometiéndola a tocamientos íntimos y otros vejámenes sexuales. El material probatorio recopilado durante años de investigación fue determinante para sustentar los cargos.
Proceso judicial y medidas cautelares
La Fiscalía General de la Nación presentó formalmente al sacerdote ante un juez de control de garantías, imputándole el delito de acto sexual con menor de 14 años en circunstancia agravada. Aunque el acusado no aceptó los cargos formulados en su contra, el juez le impuso medida de aseguramiento consistente en prisión domiciliaria mientras avanza el proceso penal.
La captura se ejecutó en la vereda La Florida de Tuitama, Boyacá, por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Durante el operativo, se confirmó que el sacerdote ya contaba con una suspensión dentro de la comunidad religiosa a la que pertenecía, aunque las autoridades no precisaron si dicha sanción estaba relacionada con antecedentes similares.
Repercusiones institucionales
Este caso ha generado profunda preocupación tanto en instituciones educativas como en comunidades eclesiásticas, poniendo nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de menores en contextos de autoridad religiosa. Las autoridades investigadoras enfatizaron que el presunto delito se habría cometido aprovechando precisamente la condición de rector y guía espiritual del acusado.
La Fiscalía reiteró su compromiso con la protección de menores y señaló que continuará recabando pruebas para sustentar completamente la acusación durante el juicio correspondiente. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos han llamado a fortalecer los mecanismos de prevención y denuncia en instituciones donde confluyen menores y figuras de autoridad.
