Alerta máxima: Estado colombiano en riesgo de perder casi 20 mil propiedades incautadas a la mafia
Durante el más reciente consejo de ministros del gobierno del presidente Gustavo Petro, se reveló una situación crítica que amenaza con revertir años de lucha contra el crimen organizado en Colombia. La presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Amelia Pérez Parra, emitió una alerta pública sin precedentes sobre la posibilidad de que el Estado pierda la custodia de 19.800 predios que actualmente administra tras ser incautados a mafias y organizaciones criminales.
Una advertencia histórica en medio del consejo de ministros
Amelia Pérez, al dirigirse directamente al presidente Petro y su gabinete, explicó con preocupación que estos bienes inmuebles -que incluyen desde mansiones hasta bodegas y terrenos en todo el territorio nacional- podrían "volver al comercio" si no se toman medidas urgentes. La situación se deriva de fallas en los procesos judiciales de extinción de dominio, mecanismo legal mediante el cual el Estado busca confiscar permanentemente propiedades vinculadas a actividades criminales.
El delicado equilibrio de las medidas cautelares
Para comprender la magnitud del problema, es necesario entender el funcionamiento del código de extinción de derecho de dominio. Esta normativa permite a la Fiscalía solicitar medidas cautelares sobre bienes incautados mientras se desarrolla el proceso penal correspondiente. Sin embargo, estas medidas no son definitivas y requieren renovaciones periódicas hasta que un juez especializado emita un fallo de fondo.
"Si no se hacen, esos bienes van a volver al comercio. Son bienes de procesos en los que desgraciadamente no hay decisión de los jueces de extinción de dominio", explicó Pérez durante su intervención, destacando que precisamente los 19.800 predios en riesgo son aquellos que se encuentran en esta etapa limbo jurídico.
Fallas en la cadena de custodia judicial
Según la presidenta de la SAE, el problema se agrava porque la Fiscalía General de la Nación no habría realizado las debidas solicitudes de renovación de las medidas cautelares, mientras que la Superintendencia de Notariado y Registro habría emitido directivas que tampoco garantizan plenamente la permanencia de estos bienes bajo control estatal.
Pérez relató las dificultades operativas que enfrenta su entidad: "Cuando vean que hay un predio así, van a tratar de recuperar esos bienes. Nosotros hemos tenido que enfrentar muchas tutelas, muchos desacatos, amenazan con que me van a arrestar, porque no devolvemos inmediatamente esos bienes. Es muy triste ver cómo se protegen los bienes de la mafia".
Respuesta de la Superintendencia de Notariado y Registro
Frente a estas acusaciones, la Superintendencia de Notariado y Registro emitió un comunicado oficial en el que asegura que los bienes vinculados a procesos de extinción de dominio no regresarán al comercio ni a manos de la criminalidad.
La entidad explicó que activó un "mecanismo de alerta temprana" para proteger estos predios y garantizar su control por parte del Estado, mediante la Instrucción Administrativa IA-2026-000002-9. Esta normativa establece explícitamente que ningún registrador del país podrá levantar una medida cautelar por caducidad sin antes agotar un proceso de verificación.
"Esta medida permite actuar de forma urgente y coordinada con la Fiscalía General de la Nación para evitar la caducidad de las medidas cautelares. Además, la Entidad ejerce funciones de inspección, vigilancia y control para asegurar oportunamente la protección de los bienes. Nuestro compromiso es proteger y defender los intereses de la Nación", afirmó la Superintendencia.
El papel crucial de la SAE en la lucha contra el crimen
La Sociedad de Activos Especiales cumple una función constitucional fundamental en Colombia: confiscar y administrar los bienes asociados a la mafia y organizaciones criminales. Su misión incluye tomar posesión de propiedades incautadas a narcotraficantes y otros delincuentes, con el objetivo de monetizarlas mediante ventas o arriendos que beneficien al Estado y a la sociedad.
Esta alerta de Amelia Pérez representa uno de los desafíos más significativos en la historia de la entidad, poniendo en evidencia las complejidades jurídicas y administrativas que enfrenta el Estado colombiano en su lucha por desmantelar las estructuras económicas del crimen organizado. La situación requiere atención inmediata y coordinación entre múltiples entidades estatales para evitar un retroceso en la recuperación de activos ilícitos.
