Exconsejera presidencial enfrentará juicio oral tras decisión judicial en caso de corrupción
La exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova, deberá someterse a un juicio oral tras la reciente decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que en segunda instancia negó la solicitud de preclusión presentada por su defensa. Este fallo judicial confirma la continuidad del proceso penal en su contra, relacionado con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Acusaciones y proceso judicial
La Fiscalía General de la Nación ha acusado a Ortiz Nova como presunta responsable de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. Con la decisión del tribunal, el proceso penal queda en firme, obligando a la exfuncionaria a enfrentar la etapa de juicio, donde se determinará su culpabilidad o inocencia.
Anteriormente, el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá ya había ratificado la continuidad del caso el pasado 4 de marzo, al rechazar la preclusión solicitada por la defensa de Ortiz. En su resolución, el despacho judicial concluyó que no existen impedimentos legales para que la exconsejera avance a juicio, a pesar de que la procesada ha negado en múltiples ocasiones los señalamientos en su contra.
Argumentos de la defensa y respuesta judicial
La defensa de Sandra Ortiz, encabezada por el abogado penalista Mauricio Camacho, había solicitado el cierre del caso argumentando que la Fiscalía no fue clara en relación con un contrato vinculado al municipio de Repelón, en el departamento del Atlántico. Según Camacho, tras requerir información a la Ungrd, se estableció que dicho contrato se ejecutó en Girón, Santander, lo que, en su opinión, generaba dudas sustanciales sobre la imputación presentada por la Fiscalía.
Sin embargo, los tribunales han considerado que estas discrepancias no son suficientes para detener el proceso, subrayando la importancia de llevar el caso a juicio oral para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades en el marco del escándalo de corrupción que ha sacudido a la Ungrd.
Este desarrollo judicial marca un paso significativo en la investigación de los presuntos actos de corrupción dentro de la entidad, destacando el compromiso del sistema judicial colombiano en la lucha contra la impunidad en casos de alto impacto.
