Defensa de general Santoyo presenta apelación formal contra decisión de la JEP
El equipo legal del general (r) Mauricio Santoyo Velasco interpuso formalmente un recurso de apelación contra la resolución de la Jurisdicción Especial para la Paz que ordenó su salida del sistema, alegando que dicha determinación vulnera garantías procesales fundamentales y se basa en una interpretación errónea de los requisitos de la justicia transicional colombiana.
Confusión entre verdad y responsabilidad
Uno de los argumentos centrales de la apelación sostiene que la JEP estaría confundiendo dos conceptos jurídicos distintos: el deber de aportar verdad y la obligación de aceptar responsabilidad penal. La defensa enfatiza que Santoyo ha participado activamente en el proceso, asistiendo a todas las audiencias programadas, respondiendo interrogatorios y entregando información solicitada, pero esto no implica automáticamente que deba reconocer culpabilidad en los hechos investigados.
"Exigirle que acepte responsabilidades que no han sido plenamente establecidas en el ordenamiento jurídico colombiano constituiría una violación flagrante de su derecho fundamental a la defensa", argumenta el documento legal presentado ante la Sección de Apelación de la JEP.
Cumplimiento de requerimientos y proporcionalidad de la sanción
El recurso insiste en que Santoyo no ha evadido los requerimientos de la jurisdicción especial ni ha faltado a ninguna citación. Por el contrario, destaca que se ha presentado voluntariamente en todas las oportunidades, atendiendo los llamados de las autoridades y cumpliendo con las exigencias procedimentales. La defensa cuestiona que la decisión se base en considerar insuficientes sus respuestas, en lugar de demostrar un incumplimiento material de sus obligaciones.
"Aunque existiera algún tipo de incumplimiento a los deberes propios del Sistema Integral de Paz, la consecuencia aplicada resulta dramáticamente desproporcionada", señala el texto, añadiendo que no se ha demostrado mala fe en el proceder del compareciente ni ocultamiento deliberado de información.
Cuestionamientos sobre valoración probatoria
Otro aspecto controvertido se refiere a la valoración de las pruebas por parte de la JEP. La defensa alega que la magistratura da por ciertos hechos que no han sido establecidos mediante decisión judicial firme en Colombia, y que no se consideraron de manera equilibrada los testimonios y explicaciones presentadas por Santoyo, existiendo elementos que respaldarían su versión de los eventos investigados.
Respecto a la condena que Santoyo aceptó en Estados Unidos, el documento aclara que aquel proceso judicial funcionaba bajo parámetros diferentes y no puede tomarse como verdad completa para la justicia transicional colombiana, la cual exige un relato detallado con características específicas.
Presión para aceptar responsabilidad y presunción de inocencia
La apelación advierte que durante el proceso hubo momentos en que se intentó presionar a Santoyo para que aceptara responsabilidad, situación que consideran inaceptable porque vulneraría la presunción de inocencia y constituiría una indebida coerción para que renuncie a sus garantías procesales.
"La constante presión para que el compareciente acepte participación en hechos de los que ha indicado expresamente que se pretende defender representa una flagrante vulneración a la presunción de inocencia", afirma el texto legal.
Implicaciones sistémicas de la decisión
En el fondo, la defensa plantea que la JEP estaría enviando un mensaje problemático: quien no acepta responsabilidad no puede permanecer en el sistema. Esto, según su argumentación, presionaría a los comparecientes a renunciar a sus derechos fundamentales y garantías procesales, distorsionando el propósito mismo de la justicia transicional.
El recurso solicita a la Sección de Apelación que revise exhaustivamente el caso y revoque la decisión de expulsión, permitiendo que Santoyo continúe en el sistema mientras ejerce plenamente su derecho a la defensa, sin exigírsele aceptar responsabilidades que, según sostienen, no han sido judicialmente establecidas en Colombia.
