SIC defiende a funcionarios sancionados por Procuraduría por visitas a Registraduría
SIC respalda a funcionarios sancionados por Procuraduría

Superintendencia de Industria y Comercio respalda a funcionarios sancionados por la Procuraduría

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) manifestó este miércoles 18 de marzo su respaldo irrestricto a 16 funcionarios y contratistas sancionados por la Procuraduría General de la Nación, en un caso relacionado con visitas administrativas realizadas en marzo de 2024 a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Posición institucional de la SIC

En un comunicado oficial, la entidad señaló que "las visitas de 2024 se realizaron conforme a la ley y protocolos validados", en ejercicio de facultades legítimas como autoridad nacional de protección de la libre competencia. La Superintendencia destacó que los servidores sancionados cuentan con trayectoria institucional y experiencia en la prevención y sanción de prácticas anticompetitivas.

"Expresamos nuestro respaldo irrestricto a las personas sancionadas, cuyo trabajo ha contribuido a la defensa del interés público y a la lucha contra la corrupción económica", afirmó la SIC en su pronunciamiento.

Argumentos de la Superintendencia

La entidad subrayó que las inspecciones investigadas han sido objeto de control judicial por las Altas Cortes de Colombia sin recibir cuestionamientos por parte de la Procuraduría. Según la SIC, las visitas estuvieron orientadas a verificar eventuales vulneraciones al régimen de libre competencia en procesos de contratación estatal, algunos relacionados con la firma Thomas Greg & Sons.

La Superintendencia advirtió sobre las consecuencias de las sanciones impuestas: "La afectación de sus condiciones laborales y la limitación de las facultades de inspección, vigilancia y control de la SIC están dirigidos a cercenar la capacidad institucional para proteger la competencia y el bien común".

Detalles de las sanciones

Las sanciones impuestas por la Procuraduría incluyen:

  • Inhabilidades para contratar con el Estado hasta por cinco años
  • Sanciones pecuniarias de hasta 130 millones de pesos
  • Suspensión e inhabilidad especial por 12 meses para el superintendente delegado Francisco Melo Rodríguez

La SIC espera que en segunda instancia se realice "un examen juicioso e imparcial de la totalidad de los elementos probatorios" y que la decisión final "preservará la integridad del derecho y garantizará el normal funcionamiento de la institución".

Argumentación de la Procuraduría

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación había informado el fallo este martes 17 de marzo, sustentando la decisión en la "extralimitación de funciones" durante las visitas administrativas realizadas entre el 12 y el 21 de marzo de 2024.

El ente de control comprobó que el equipo designado actuó como "El Despacho" para solicitar acceso a dispositivos móviles personales e institucionales con el fin de extraer información sensible, incluyendo:

  1. Censos electorales
  2. Historiales clínicos
  3. Procesos judiciales

La Procuraduría señaló que estas actuaciones configuraron una extralimitación que podría generar "implicaciones serias sobre la reserva legal, como en casos de extradición y refugio". Además, mencionó que se realizaron "espejos forenses" (copias exactas de dispositivos digitales) en un contexto que no correspondía al objeto inicial de las denuncias.

Funcionarios sancionados

Los sancionados identificados por la Procuraduría incluyen:

  • Funcionarios: Mario Alejandro Franco Vanegas, Martha Liliana Fandiño Vergara y Yolanda Hernández Alonso
  • Contratistas: Mercy Lorena Agamez Rodríguez, Daniela Alvarado Guzmán, Rober Alexis Núñez Barrero, Jessica Juliana Ortega Velandia, Daniel Leonardo Muñoz Manrique, José Miguel Moreno Reina, María José Montejo Pino, Diana Carolina Gómez Ortiz, Juan Pablo Martínez Cortés, Douglas Fernando Moreno Mape, Noemí Rodríguez Pombo y Karen Vanessa Angulo Sogamoso

La Procuraduría consideró que estas actuaciones generaron afectación al servicio público y a la confianza ciudadana en los mecanismos de control de la competencia, elementos que sustentaron la decisión adoptada en primera instancia.