Organización ciudadana exige respeto al debido proceso en caso judicial contra presidente de Ecopetrol
La Veeduría por la Verdad y la Justicia ha emitido una alerta pública sobre el caso que enfrenta en la Fiscalía el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, solicitando la protección del debido proceso y el freno a los juicios anticipados que podrían estar ocurriendo en el ámbito mediático.
Preocupación por garantías constitucionales
La organización recordó enfáticamente que el artículo 29 de la Constitución Política colombiana consagra derechos fundamentales como el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. "A las personas se les juzga por lo que hacen, no por quienes son", señalaron los representantes de la veeduría, haciendo un llamado a abrir un debate nacional sobre el respeto a estas garantías constitucionales en todos los procesos judiciales.
Además, la organización exige a Ricardo Roa que cumpla con su promesa realizada en 2024 de renunciar a la presidencia de Ecopetrol ante los múltiples escándalos que lo han rodeado, recordando sus propias palabras: "Si se afecta mi buen nombre y reputación".
Denuncia sobre actuaciones comunicativas selectivas
El vocero de la Veeduría por la Verdad y la Justicia, el abogado Diego Pérez, explicó detalladamente que "la preocupación jurídica se origina en información según la cual el fiscal del caso habría sostenido actuaciones comunicativas selectivas con algunos medios de comunicación".
Pérez advirtió que "de confirmarse y persistir este tipo de prácticas, podrían configurarse conductas contrarias a los deberes funcionales previstos en la ley 1952 de 2019, código general disciplinario, lo que eventualmente daría lugar a la apertura de un proceso ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial".
Límites de la función investigativa
El representante legal de la organización fue categórico al señalar que "la función investigativa no habilita la construcción de escenarios de juzgamiento paralelo ni la anticipación de valoraciones por fuera del expediente judicial". Esta advertencia busca establecer límites claros entre el proceso investigativo formal y las valoraciones públicas que puedan afectar el derecho a un juicio justo.
La veeduría insiste en que cualquier proceso judicial debe desarrollarse dentro de los estrictos marcos legales establecidos, sin que se permitan filtraciones selectivas ni valoraciones anticipadas que puedan contaminar la imparcialidad del proceso y violar los derechos fundamentales del investigado.
