Fiscalía presenta cargos contra comunidad menonita por devastación ambiental en Puerto Gaitán
En un hecho sin precedentes para la jurisdicción ambiental colombiana, la Fiscalía General de la Nación ha llamado formalmente a juicio a doce miembros de la comunidad menonita establecida en Puerto Gaitán, departamento del Meta, desde el año 2016. Los cargos presentados este 20 de febrero incluyen delitos ambientales de gravedad que habrían causado daños irreparables en ecosistemas estratégicos de la vereda La Cristalina.
Los acusados y los delitos imputados
Los procesados identificados por las autoridades son: Jacob Lowen Klassen, Johan Wall Froesse, Franz Bergen Peters, Abram Loeven Banman, Abraham Wall Kroeker, Abraham Wall Froesse, Abraham Enns Friessen, Jacobo Janzen Reimer, David Knelsen Guenter, Johan Loewen, Neufeld, Bernhard Loewen Wiebe y Jacob Redekop Fehr. Según el documento de acusación al que tuvo acceso nuestra unidad investigativa, estos individuos enfrentan cargos por aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables, daño en recursos naturales, invasión de área de especial importancia ecológica e incendios forestales.
La magnitud de la deforestación
El ente investigador detalla que entre los años 2017 y 2021, los acusados habrían realizado tala mecanizada y remoción de cobertura vegetal en aproximadamente 110 hectáreas de bosque nativo, equivalente a unas 65 canchas de fútbol profesional. Esta actividad se habría llevado a cabo sin los permisos ambientales requeridos, con el objetivo explícito de adecuar el terreno para cultivos agrícolas.
Las imágenes satelitales analizadas por la Fiscalía muestran con claridad la transformación del predio Campoalegre, donde se documentó la deforestación de 93 hectáreas específicas. Las coordenadas geográficas proporcionadas en el expediente permiten ubicar con precisión las áreas afectadas.
Daños ambientales documentados
La intervención ilegal generó consecuencias devastadoras para el ecosistema local:
- Erosión acelerada del suelo por eliminación de la capa vegetal protectora
- Destrucción de corredores biológicos esenciales para la migración de aves y mamíferos
- Alteración permanente del paisaje natural y transformación del ecosistema
- Eliminación de numerosas especies nativas de vegetación y fauna local
Infraestructura ilegal en cuerpos hídricos
Además de la deforestación, la investigación reveló que los menonitas construyeron cuatro puentes ilegales que invaden directamente tres cuerpos hídricos protegidos: el humedal Laguna del Merey y los caños Chivaliona y Barrulia. Estas estructuras, que oscilan entre 6 y 7 metros de ancho por 11 a 16 metros de largo, fueron levantadas sin autorización ambiental alguna.
Conocimiento previo y voluntad delictiva
La Fiscalía estableció que los acusados, "tienen experiencia en la actividad agrícola, sabían que para talar árboles y remover la cobertura vegetal se requiere permiso o autorización de la autoridad ambiental y no lo obtuvieron". Este elemento resulta crucial para demostrar la voluntad consciente de cometer los delitos, según el ente investigador.
Proceso de negociación y reparación ambiental
En medio del proceso penal, los acusados iniciaron en septiembre pasado un proceso de negociación para evitar una condena. Durante audiencia del 15 de enero, la Fiscalía reveló que el 12 de diciembre de 2024 se reunió con Cormacarena (autoridad ambiental regional) y los abogados defensores, socializando 12 conceptos técnicos que servirán de base para un plan de recuperación ambiental.
Los menonitas se comprometieron a entregar el próximo 23 de enero su primera propuesta formal de reparación ambiental, que deberá incluir medidas concretas para restaurar los ecosistemas dañados. Este proceso paralelo busca establecer responsabilidades y mecanismos de compensación por los graves perjuicios causados al patrimonio natural del Meta.
El caso representa un hito en la justicia ambiental colombiana, demostrando la capacidad investigativa de la Fiscalía para documentar y procesar delitos complejos contra los recursos naturales. La comunidad menonita, conocida por sus prácticas agrícolas intensivas, enfrenta ahora uno de los procesos judiciales ambientales más significativos de los últimos años en Colombia.
