Cinco municipios concretan acuerdos para la protección del estratégico Páramo de Sumapaz
Un significativo avance en la protección ambiental se ha registrado con la firma de acuerdos entre cinco municipios y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el marco de la fase de concertación para la delimitación participativa del páramo Cruz Verde-Sumapaz. Los municipios involucrados abarcan un extenso territorio de 26.027 hectáreas de este vital ecosistema.
Municipios comprometidos con la conservación
Los acuerdos fueron establecidos con los municipios de Cáqueza, Gutiérrez, Fosca y Sibaté, ubicados en el departamento de Cundinamarca, y Acacías, en el departamento del Meta. Este proceso representa un hito en los esfuerzos por garantizar la protección del agua y la conservación de uno de los páramos más importantes del país.
Los avances se lograron luego de cinco intensas jornadas de trabajo que reunieron a comunidades locales, autoridades municipales, entes de control y representantes de los ministerios de Agricultura y Ambiente. Según informó el Minambiente, estas reuniones permitieron avanzar en la construcción de consensos para consolidar una delimitación que asegure la protección integral de este ecosistema estratégico.
Aspectos clave del proceso de concertación
Las mesas de concertación abordaron seis aspectos fundamentales del proceso:
- Delimitación participativa del páramo
- Lineamientos para la sustitución o reconversión de actividades productivas
- Sistema de fiscalización ambiental
- Parámetros de protección de fuentes hídricas
- Instancia de coordinación institucional
- Modelo de financiación para la conservación
Los temas que generaron mayor debate, según comunicó el Ministerio de Ambiente, fueron la instancia de coordinación y la reconversión productiva. Esto se debió principalmente a dos factores cruciales: la necesidad de garantizar la participación efectiva de las comunidades en la toma de decisiones y el reconocimiento de la vocación agropecuaria histórica de la región del Sumapaz.
Voces de la comunidad y autoridades
"Uno de los mayores retos es fortalecer la conciencia en la comunidad sobre la importancia de nuestros páramos y avanzar hacia prácticas agrícolas más amigables con el planeta", afirmó Deogracias Pineda, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Bradamonte. "Lo más valioso es que nos han explicado, paso a paso, cómo será el proceso de transformación hacia actividades más sostenibles".
Por su parte, la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez Torres, destacó la importancia histórica de este logro: "Después de siete años, logramos materializar el acuerdo de delimitación de cinco municipios y con ello se demuestra que la historia de lucha del campesinado de Sumapaz es también un empeño por el cuidado del agua y del territorio".
Cronología del proceso participativo
Las mesas de concertación comenzaron el pasado 27 de febrero con una sesión de contextualización sobre el proceso participativo con concejales del municipio de Une, en Cundinamarca. Posteriormente, los espacios de diálogo se desarrollaron en las siguientes fechas:
- Sábado 28 de febrero en Cáqueza
- Domingo 1 de marzo en Acacías
- Lunes 2 de marzo en Gutiérrez
- Sábado 14 de marzo en Fosca
- Lunes 16 de marzo en Sibaté
Durante estos encuentros, que contaron con la participación de aproximadamente 275 personas, se recogieron inquietudes, solicitudes y visiones de las comunidades sobre la protección del páramo, así como el desarrollo de las actividades productivas que dependen directamente de este ecosistema.
Proceso continuo de protección ambiental
El Ministerio de Ambiente indicó que este proceso de concertación continuará hasta completar la participación de los 24 municipios y las siete localidades de Bogotá que tienen jurisdicción en el complejo de páramo Cruz Verde-Sumapaz. Este enfoque participativo busca establecer un modelo de gestión ambiental que combine la protección ecológica con el desarrollo sostenible de las comunidades que habitan estos territorios.
La delimitación participativa del Páramo de Sumapaz representa un paso fundamental en la conservación de uno de los ecosistemas más importantes de Colombia, reconocido por su capacidad de regulación hídrica y su rica biodiversidad. Este proceso demuestra cómo la concertación entre Estado y comunidades puede generar soluciones efectivas para los desafíos ambientales del país.
