La profecía cumplida: las advertencias ignoradas de Kimy Pernía sobre Urrá y el desastre en Córdoba
El departamento de Córdoba enfrenta una de las emergencias invernales más devastadoras de su historia contemporánea. Las intensas lluvias y el desbordamiento del río Sinú han dejado más de 120.000 personas damnificadas según cifras oficiales de la Gobernación, afectando aproximadamente el 80% del territorio departamental y 24 de sus 30 municipios. Viviendas destruidas, vías colapsadas, cultivos perdidos y comunidades enteras sumergidas conforman el panorama desolador que hoy vive la región.
Una voz silenciada que anticipó la catástrofe
Esta crisis ambiental no ocurre en el vacío. Se desarrolla en un territorio donde, desde hace más de dos décadas, se advirtió con claridad que el manejo artificial del río Sinú a través de la represa Urrá I incrementaría la vulnerabilidad ambiental y social de toda la región. Esa advertencia fue pronunciada por Kimy Pernía Domicó, líder indígena del pueblo embera katío, quien fue asesinado en 2001 precisamente por su firme oposición al proyecto hidroeléctrico.
Kimy Pernía nació en 1950 en el Alto Sinú y creció en el resguardo indígena embera katío, en jurisdicción del municipio de Tierralta. Su liderazgo se forjó desde la vida comunitaria, el trabajo colectivo y el conocimiento profundo del río, la selva y los ciclos naturales que sostienen la subsistencia de su pueblo. Para los embera katío, el río Sinú no es simplemente una fuente de agua: constituye el eje fundamental de la alimentación, la cultura, el transporte y la organización social completa.
Urrá I: promesas incumplidas y consulta previa ignorada
Entre 1995 y 1997, el Estado colombiano otorgó la licencia ambiental para la construcción de la central hidroeléctrica Urrá I, ubicada en territorio ancestral embera katío. La obra fue aprobada sin realizar consulta previa a las comunidades indígenas, violando sus derechos fundamentales pese a que el proyecto afectaba directamente su autonomía, seguridad alimentaria y relación sagrada con el río.
La represa fue presentada oficialmente como una obra multipropósito que generaría energía, impulsaría el desarrollo regional y controlaría las inundaciones. Sin embargo, Kimy Pernía cuestionó desde el inicio estos argumentos con sólidos fundamentos. Sostuvo que la capacidad de generación era limitada comparada con otros proyectos del país y que la promesa de control de inundaciones carecía de respaldo técnico riguroso.
Las advertencias documentadas que hoy resuenan
En diciembre de 1999, Kimy Pernía presentó un documento detallado en el seminario "¿Para dónde va Urrá?", realizado en la Universidad Nacional. Allí consignó advertencias que hoy adquieren un carácter premonitorio escalofriante. Según su exposición, incluso la propia empresa reconocía que la represa solo podría mitigar inundaciones menores, sin capacidad real para enfrentar crecientes graves del río Sinú.
Además, documentó que su comunidad había identificado 105 impactos ambientales y sociales del proyecto, de los cuales apenas cinco eran positivos. Entre los efectos más graves destacaban:
- La interrupción de la subienda de peces como el bocachico, afectando severamente la alimentación y economía de comunidades indígenas y pescadores.
- La descomposición de más de 7.000 hectáreas de vegetación inundada, con efectos sanitarios y ambientales persistentes.
- La alteración de humedales, selva húmeda y zonas de estuario, reduciendo la capacidad natural del territorio para absorber crecientes.
- El aumento del riesgo de inundaciones aguas abajo, al modificar el flujo natural del río y concentrar grandes volúmenes de agua.
Kimy advirtió explícitamente que el proyecto no solo afectaría al Alto Sinú, sino a todo el sistema hídrico del departamento completo.
La tutela ganada y la respuesta violenta
En 1998, Kimy interpuso una acción de tutela para exigir la protección de los derechos ambientales y culturales del pueblo embera katío y la realización de la consulta previa. La Corte Constitucional falló a favor de la comunidad y ordenó suspender el llenado del embalse hasta cumplir con ese requisito fundamental.
Tras el fallo judicial, se intensificaron dramáticamente las amenazas y la violencia contra los líderes indígenas. Varios dirigentes fueron asesinados, incluyendo a Alonso Domicó y Lucindo Domicó. El conflicto armado se profundizó peligrosamente en la zona. El 2 de junio de 2001, Kimy Pernía fue retenido en Tierralta por integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia y nunca más volvió a aparecer. Años después, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso reconoció que Kimy fue asesinado por orden de Carlos Castaño, específicamente debido a su oposición frontal a la represa.
La emergencia actual y las responsabilidades institucionales
Más de dos décadas después del asesinato de Kimy Pernía, el departamento de Córdoba enfrenta una crisis que revive con fuerza escalofriante todas sus denuncias. Las inundaciones han superado completamente los sistemas de contención y han evidenciado las limitaciones estructurales del manejo hídrico del río Sinú.
En este contexto crítico, se conoció la carta de renuncia de Juan Acevedo Rocha, quien se desempeñaba como presidente encargado de la Hidroeléctrica de Urrá S.A. y llevaba más de 33 años vinculado a la empresa. La dimisión se produjo apenas 24 horas después de que el presidente Gustavo Petro solicitara públicamente una investigación penal por la tragedia invernal en Córdoba.
El domingo 8 de febrero, Petro afirmó en su cuenta de X que "todo vertimiento de Urrá sobre los campesinos es la continuación de un crimen ambiental" y señaló que la decisión de permitir el llenado de embalses respondió a intereses económicos por encima de la vida de las comunidades. El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, informó que las inundaciones afectan a más de 120.000 personas y que los daños se extienden a zonas urbanas y rurales del departamento completo.
Una advertencia confirmada por las aguas
Kimy Pernía Domicó no habló desde la especulación ni desde posiciones ideológicas abstractas. Su denuncia se basó en el conocimiento profundo del territorio, en datos técnicos concretos y en la experiencia directa de su comunidad con el río. Advirtió repetidamente que la represa no protegería al departamento frente a grandes inundaciones y que, por el contrario, aumentaría los riesgos al alterar irreversiblemente el equilibrio natural del sistema hídrico completo.
Hoy, con Córdoba literalmente bajo el agua, con miles de familias damnificadas y con investigaciones en curso sobre el manejo de la represa, la advertencia de Kimy deja de ser un simple recuerdo histórico. Se convierte en un registro documentado de una decisión ignorada cuyas consecuencias siguen marcando profundamente al territorio y a toda su gente, confirmando trágicamente que cuando se silencian las voces que defienden la tierra, la naturaleza eventualmente reclama su espacio con fuerza devastadora.
