América Latina y el Caribe, una región privilegiada por sus vastos recursos hídricos, enfrenta una paradoja: mientras concentra algunos de los ríos, glaciares y acuíferos más grandes del planeta, millones de personas carecen de acceso a agua potable. Una investigación del Grupo de Diarios de América (GDA) revela que la crisis no es por falta de agua, sino por mala gestión, desigualdad, contaminación y vulnerabilidad al cambio climático.
Sequías históricas y racionamientos
Brasil, el país más grande y biodiverso de la región, alberga enormes caudales de agua dulce, pero sufre sequías cada vez más prolongadas. En 2024, la sequía en la Amazonia afectó al 70% de los municipios de la región, y el 71% de las ciudades brasileñas reportaron afectaciones. Comunidades quedaron aisladas y la agricultura y generación hidroeléctrica se desplomaron. Además, los incendios forestales arrasaron más de 30 millones de hectáreas.
Colombia, uno de los países más lluviosos del mundo, también enfrenta sequías. El Estudio Nacional del Agua revela que casi una quinta parte de sus municipios es vulnerable al desabastecimiento. Bogotá vivió un racionamiento sin precedentes debido a los bajos niveles de los embalses. Expertos señalan que la solución pasa por proteger páramos y bosques, y combinar soluciones naturales con nueva infraestructura.
En México, la sobreexplotación de acuíferos es crítica. En 2025, más del 40% del territorio estaba en sequía, y en la Ciudad de México el volumen de agua por habitante cayó de 191 metros cúbicos en 2005 a 139 en 2025. La contaminación de ríos y la corrupción agravan la crisis.
Uruguay, rodeado de ríos y acuíferos, vivió en 2023 la peor crisis hídrica de su historia: Montevideo y su área metropolitana recibieron agua salada por la falta de lluvias. El embalse Paso Severino se vació a niveles críticos. La crisis fue un fracaso de gestión, según expertos.
Argentina sufrió en 2022 uno de los años más secos desde 1961, con más de la mitad del territorio bajo sequía. Productores agropecuarios enfrentaron enormes pérdidas. Alrededor del 20% de la población no tiene acceso a agua segura.
Desigualdad y falta de infraestructura
En Venezuela, el 77% de la población tiene acceso limitado al agua y el 11% carece por completo del servicio. La cantidad de agua distribuida se redujo en más del 60% en la última década. En Caracas, apenas dos de cada diez surtidores públicos funcionan.
En Perú, 3,3 millones de personas carecen de agua potable. La desigualdad territorial es profunda: la selva tiene agua en abundancia, pero carece de infraestructura, mientras regiones áridas como Ica dependen de acuíferos sobreexplotados.
En Costa Rica, la cobertura del 93% esconde desigualdades: en algunos cantones no llega al 60%. Las pérdidas por fugas superan el 50% y la sequía de 2023 redujo más del 80% de las fuentes superficiales.
En El Salvador, el 27,9% de los habitantes no recibe agua por cañerías. La infraestructura está en crisis: en San Salvador se pierde el 50% del agua por fugas. Además, el 95% de las aguas superficiales son inseguras para el consumo humano.
República Dominicana padece sequía estacional agravada por el cambio climático. Solo el 26% de la población recibe servicio continuo las 24 horas. Nueve de las 31 provincias sufren escasez crónica.
Cambio climático, un acelerador de la escasez
Puerto Rico enfrenta una creciente inseguridad hídrica. Se proyecta un 20% menos de precipitaciones en los próximos 25 años. Las sequías, que antes ocurrían cada dos décadas, ahora se presentan cada cinco años. La Autoridad de Acueductos pierde el 66% del agua producida por fugas.
En Argentina, el cambio climático ha intensificado lluvias extremas que causan inundaciones recurrentes. En México, la crisis se agrava con la sobreexplotación de acuíferos y la contaminación.
Una paradoja con solución
El balance regional es contundente: América Latina y el Caribe no tienen un problema de carencia absoluta de agua, sino de mala gestión, desigualdad y degradación ambiental. La sequía se intensifica, la infraestructura envejece y la distribución inequitativa privilegia a sectores como el turismo y la agroexportación. Sin embargo, la crisis puede mitigarse con planificación, inversión y protección de ecosistemas. Proteger páramos, selvas y glaciares; reparar fugas; invertir en saneamiento; diversificar fuentes y garantizar equidad territorial son pasos indispensables. Entender el agua como un bien público esencial, no un privilegio de pocos, es clave para cambiar el futuro.
