La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) aprobó, mediante su Consejo Directivo, un nuevo acuerdo que impone condiciones más estrictas para el desarrollo urbanístico en zonas rurales y suburbanas de los municipios bajo su jurisdicción. Esta medida busca frenar la urbanización descontrolada y proteger el medio ambiente.
Nuevos umbrales para la suburbanización
El acuerdo establece umbrales máximos de suburbanización más restrictivos y nuevas densidades para el suelo rural suburbano, basados en criterios técnicos, ambientales y climáticos. Estos lineamientos responden a las actuales dinámicas de ocupación del territorio y a los efectos del cambio climático. Las autoridades municipales, incluido el Distrito Capital, deberán incorporar estos criterios durante la revisión y actualización de sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT), Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT) y Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT).
Fundamento legal
Los cambios se sustentan en la Constitución Política de Colombia, la Ley 99 de 1993, la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1077 de 2015, que facultan a las autoridades ambientales para definir determinantes orientadas al desarrollo sostenible.
Estudios técnicos y variables consideradas
El director de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, explicó que la metodología técnica se desarrolló en conjunto con el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia. Este modelo evalúa las condiciones ambientales particulares de cada municipio y establece criterios diferenciales para la ocupación del suelo rural. Entre las variables consideradas se incluyen la vulnerabilidad hídrica, el riesgo por cambio climático, la sobreutilización severa del suelo, la fragmentación ecológica, la presión sobre ecosistemas estratégicos y el impacto potencial sobre la calidad del agua.
Resultados de los estudios
Los estudios evidenciaron que el 25,5 % del territorio presenta índices de vulnerabilidad hídrica altos o muy altos; 15 municipios registran riesgo alto asociado al cambio climático; y 28 municipios presentan niveles de ocupación rural que ya afectan su capacidad de carga y sostenibilidad ambiental. Estos datos demuestran la necesidad urgente de implementar herramientas modernas de planificación para ordenar el crecimiento territorial sin comprometer la seguridad hídrica, la biodiversidad ni la vocación rural de la región.
Objetivos y alcance del acuerdo
Uno de los objetivos más relevantes es fortalecer la protección del suelo rural y las áreas con alta capacidad agrológica, fundamentales para la seguridad alimentaria y el equilibrio ambiental. La norma incorpora restricciones y parámetros para evitar procesos de suburbanización desordenada y ocupación inadecuada de zonas rurales estratégicas. Además, se establece que al menos el 70 % del área de los proyectos suburbanos deberá destinarse a conservación y restauración de vegetación nativa, para proteger el agua, el suelo y la biodiversidad.
Ejemplo concreto
Ballesteros ilustró el alcance del acuerdo señalando que los topes de viviendas en suelo campestre se reducen de 8 a 2, haciendo más restrictivas las condiciones en los suelos suburbanos. “No podemos seguir sobrepasando la capacidad de nuestros ecosistemas”, afirmó.
Autonomía municipal y flexibilidad
La CAR aclaró que la autonomía municipal se mantiene en la definición de los usos del suelo, pero las nuevas determinantes ambientales servirán como herramientas técnicas para la toma de decisiones territoriales. El propósito es garantizar que el desarrollo ocurra de manera ordenada, responsable y compatible con la capacidad ambiental del territorio y la sostenibilidad a largo plazo. Finalmente, la metodología tendrá un carácter dinámico y flexible, permitiendo ajustar los criterios de expansión suburbana y densidades urbanas en función de mejoras ambientales, procesos de restauración ecológica y avances en la gestión territorial de cada municipio.
