Chile modera postura sobre clima mientras defensa de pingüinos pone en riesgo créditos verdes
La promesa del presidente chileno José Antonio Kast de flexibilizar las regulaciones ambientales para impulsar la inversión amenaza con generar consecuencias no deseadas para la economía del país, elevando los costos de endeudamiento en una nación que ha sido pionera en la venta de deuda verde en América Latina.
Medidas que generan preocupación
A los pocos días de asumir el cargo el 11 de marzo de 2026, la administración de Kast retiró decenas de decretos ambientales y suspendió la designación de nuevas zonas de biodiversidad, prometiendo una revisión exhaustiva. Entre los recursos naturales afectados se encuentran los pingüinos de Magallanes y una especie de rana en peligro de extinción descubierta por Charles Darwin.
Estas medidas forman parte del compromiso más amplio de Kast de simplificar los trámites burocráticos, reactivar el crecimiento económico y reducir el creciente déficit presupuestario del país. Sin embargo, expertos financieros advierten sobre los riesgos de esta estrategia.
Impacto en la deuda sostenible
Chile tiene algunos de los costos de endeudamiento más bajos de América Latina, no solo por su baja carga de deuda, sino también porque ha demostrado ser hábil en la emisión de bonos vinculados a objetivos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Casi el 40% de su deuda pendiente está ligada a metas como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la mejora de la igualdad de género.
"El mayor impacto probablemente sería en la reputación, dado que Chile se ha forjado una reputación muy sólida en el mercado de bonos sostenibles", afirmó Kathrin Muehlbronner, vicepresidenta sénior del grupo de riesgo soberano de Moody's Ratings.
Compromisos específicos en riesgo
En enero de 2026, Chile emitió bonos por valor de US$1.500 millones con dos indicadores clave de desempeño en materia de biodiversidad:
- Al menos 30% de su territorio nacional debe estar protegido para 2030
- Al menos 10% de ese territorio debe ser gestionado eficazmente para garantizar su protección
Si el gobierno no alcanza estos objetivos, deberá pagar a los inversores un incremento de 25 puntos básicos en los intereses a partir de 2032. Según cálculos de Bloomberg, esos pagos futuros adicionales equivaldrían a un valor actual de US$13,7 millones.
Cambio de rumbo político
Kast, defensor del libre mercado, sucedió al gobierno de izquierda de Gabriel Boric, marcando un cambio significativo en la política ambiental chilena. Mientras el sector empresarial y políticos de derecha han culpado a las regulaciones y la burocracia de frenar la inversión, algunas voces dentro de la misma derecha expresan preocupación.
"Chile necesita crecer y atraer grandes inversiones con agilidad, pero ese progreso no puede lograrse a costa de su patrimonio natural", declaró Evelyn Matthei, excandidata presidencial de derecha, en respuesta a la suspensión de los decretos ambientales.
Contexto internacional preocupante
La situación chilena se produce en un momento complejo a nivel global. Otros países ya han dado un paso atrás en este tipo de endeudamiento sostenible, coincidiendo con políticas del presidente estadounidense Donald Trump que fomentan los combustibles fósiles y desmantelan subsidios y legislación sobre energías limpias.
A nivel mundial, las emisiones de bonos vinculados a la sostenibilidad cayeron en 2025, registrando su peor año desde 2020, según un informe de BNEF. Además, las emisiones de deuda verde en Estados Unidos disminuyeron 7%, hasta los US$163.000 millones.
Objetivos difíciles de alcanzar
Las primeras medidas de Kast dificultarán significativamente que Chile alcance los indicadores clave de desempeño vinculados a la venta de bonos de este año. En abril de 2024, solo 21,6% del territorio chileno estaba protegido, muy por debajo de la meta del 30% para 2030.
El segundo objetivo, que consiste en aumentar 10% la superficie de tierras protegidas bajo una gestión ambiental "eficaz", es aún menos probable. Actualmente, el total es cero y el proceso para determinar los sitios prioritarios en virtud de la nueva ley de protección de la biodiversidad se suspendió la semana pasada.
"Definitivamente no creemos que la nueva ley esté plenamente operativa el próximo año", dijo Víctor Laudisio, especialista en naturaleza de S&P Global Ratings. "Se necesitan 15 reglamentos para que esté completamente operativa, y solo se ha publicado uno".
Reputación en juego
Por el momento, Chile se encuentra entre los 10 países que más están haciendo para limitar el aumento de la temperatura global causado por los gases de efecto invernadero, invirtiendo miles de millones de dólares en energías renovables, según Climate Action Tracker. Pero esa reputación no se puede dar por sentada.
"No podemos poner en riesgo el estatus de Chile, la credibilidad de Chile", afirmó Sara Larraín, directora de la fundación Chile Sustentable. "Me parece sumamente peligroso".
El Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Medio Ambiente no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre estas preocupaciones, dejando interrogantes sobre el futuro de la política ambiental chilena y su impacto en la economía del país.
