La ruta ilegal de la madera chocoana hacia Europa
El río Atrato, en el municipio de Riosucio (Chocó), carga sobre sus aguas pesados lotes de madera amarrados con flejes azules. Esta escena, capturada en 2019 pero repetida incontables veces, marca la salida clandestina de un recurso natural que termina en mercados europeos, camuflado como producto legal. La tala ilegal se ha convertido en uno de los principales ingresos del Clan del Golfo en la región, un grupo armado que actualmente negocia con el gobierno de Gustavo Petro.
Una deforestación alarmante con cifras devastadoras
Según el más reciente informe del IDEAM, Chocó concentró parte del 73% de la deforestación nacional en 2024, con una pérdida de 6.338 hectáreas de bosque. Esto representa un aumento de 364 hectáreas frente a 2023. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible identifica como causas principales la praderización, la ganadería extensiva y la extracción ilegal de madera.
Un registro cartográfico comunitario, expuesto en un informe del Cinep de 2024, revela una situación aún más crítica: más de 65.000 hectáreas deforestadas a corte de 2023, equivalente a dos veces la ciudad de Medellín. Esta cifra podría ser mayor, ya que el análisis no cubre la totalidad del territorio chocoano.
Alertas en el Parlamento Europeo y preguntas formales
La magnitud del problema llegó al Parlamento Europeo en marzo pasado. Las eurodiputadas Cristina Guarda (Italia) y Rima Hassan (Francia) elevaron dos preguntas formales ante la Comisión Europea, buscando identificar:
- Qué cadenas comerciales europeas reciben madera de origen ilegal vinculada al conflicto armado colombiano.
- Los mecanismos de monitoreo para prevenir violaciones de derechos humanos y ambientales.
- Las salvaguardas en proyectos financiados por la Unión Europea en Colombia bajo la iniciativa Global Gateway.
Estas inquietudes surgieron tras la presentación del informe "Talando la selva y contaminando las aguas: conflictos socioambientales en el Bajo Atrato chocoano", que detalla las afectaciones por deforestación en el departamento.
La cadena fragmentada de la madera ilegal
Juan Pablo Guerrero, subdirector del Cinep, explica que la madera ilegal no sigue una sola ruta, sino una cadena fragmentada con responsabilidades compartidas entre el Ministerio de Ambiente, Codechocó, la Policía Nacional, la Fiscalía y autoridades portuarias. La extracción ocurre en municipios como Riosucio, Unguía, Carmen del Darién, Quibdó y Bojayá, donde confluyen presión económica, débil control institucional y dinámicas de conflicto.
Desde estos puntos, la madera se transporta por ríos hacia dos rutas principales:
- Por Urabá (Turbo y Necoclí) hacia Medellín, donde puede ser "legalizada" con documentación irregular.
- Por el Pacífico hacia Buenaventura, para luego exportarse desde puertos como Cartagena y Barranquilla.
Los destinos finales incluyen puertos europeos como Rotterdam (Países Bajos), Amberes (Bélgica) o Valencia-Barcelona (España), desde donde se distribuye a países como Alemania, Francia, Italia y España para uso en construcción, muebles o comercialización.
El papel del Clan del Golfo y el impacto comunitario
Detrás de la pérdida de especies como chontaduro, pino amarillo, guayaquil, cativo, bálsamo o choibá está la sombra del Clan del Golfo, que según Sara Bolaños de Vamos por la Paz, controla el 90% de esta economía ilegal en la región. El grupo cobra extorsiones, regula la explotación maderera y se beneficia de pagos que pueden alcanzar entre 10 y 12 millones de pesos por hectárea de bosque primario.
Las comunidades, especialmente afrodescendientes e indígenas, terminan cooptadas por presiones económicas y control territorial. "Hay organizaciones afrodescendientes que han tenido que transar directamente con los grupos armados algunas hectáreas de sus propios territorios", señala Bolaños. El impacto afecta la seguridad alimentaria, el acceso a recursos, las prácticas culturales y la autonomía territorial.
Respuestas institucionales y negociaciones de paz
El Ministerio de Ambiente afirma haber reforzado controles, liderando en marzo de 2026 una intervención nacional que incautó más de 294 m³ de madera ilegal, avaluados en aproximadamente $484 millones. Esta operación incluyó 125 puestos de control y la verificación de 179 empresas forestales.
En el marco de las negociaciones con el Clan del Golfo, se acordó constituir un grupo de trabajo ambiental para abordar protección de cuencas, explotación de madera y minería. Sin embargo, Guerrero advierte que este tema no ha tenido avances concretos, posiblemente porque la explotación maderera sigue siendo fuente de financiamiento del grupo armado.
Acciones comunitarias y un futuro incierto
Frente a la deforestación, las comunidades han organizado iniciativas de reforestación, como la asociación agroambiental AGRAMAR apoyada por Vamos por la Paz. El Ministerio de Ambiente promueve estrategias de gobernanza con enfoque étnico y modelos de uso sostenible del territorio.
Sin embargo, la velocidad de la deforestación no da espera. Expertos advierten que restaurar los bosques del Chocó podría tardar entre 300 y 350 años. Mientras tanto, en Europa, consumidores podrían estar usando muebles cuya procedencia esconde amenazas, extorsiones y un poder férreo que somete a las comunidades chocoanas.
