Gobierno establece marco normativo para actividades de bajo impacto en reservas forestales
El Gobierno nacional ha expedido una nueva reglamentación para las zonas de reserva forestal establecidas por la Ley Segunda de 1959, con el objetivo de ordenar en un solo instrumento legal las actividades de bajo impacto ambiental que generan beneficio social. La Resolución 083 de 2026, publicada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, deroga normas anteriores y busca responder a las realidades de las comunidades que habitan estos territorios.
¿Qué son las reservas forestales de Ley Segunda?
Es fundamental comprender que estas reservas forestales no son áreas protegidas. La normativa establece 7 áreas de conservación que abarcan un total de 48'345.845 hectáreas, incluyendo regiones como:
- El Cocuy
- La Sierra Nevada de Santa Marta
- La zona central del país
- La serranía de los Motilones
- El río Magdalena
- La zona del Pacífico
- Dos partes de la Amazonia colombiana
Según el Ministerio, estas zonas "están orientadas para el desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre. No son áreas protegidas, sin embargo en su interior se encuentran áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y territorios colectivos".
Nuevas disposiciones para el desarrollo comunitario
La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, aseguró que la medida busca corregir una deuda histórica con las comunidades rurales. "La Ley Segunda cubre el 42 % del territorio nacional y no resulta justo que las comunidades que habitan estos territorios estén condenadas a la carencia persistente de servicios básicos del Estado", afirmó.
La resolución establece reglas claras para remover barreras que han dificultado el desarrollo de infraestructura social básica en estas zonas, como:
- Centros de salud
- Instituciones educativas
- Distritos de riego para economías campesinas
Actividades permitidas bajo la nueva normativa
La normativa reúne en un solo instrumento las actividades que no afectan el bosque y que aportan al bienestar de las comunidades. Entre ellas se incluyen:
- Adecuación y mantenimiento de vías existentes, siempre que sean legales y estén contempladas en los planes viales municipales y departamentales
- Construcción y mejora de infraestructura para educación, salud y recreación
- Obras de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico
- Soluciones energéticas basadas en fuentes renovables
- Infraestructura de telecomunicaciones
- Desarrollo de agricultura campesina, familiar y comunitaria existente, bajo buenas prácticas agrícolas o esquemas agroecológicos
También se contemplan acciones de restauración ecológica y de gestión del riesgo, todas sujetas al cumplimiento de condiciones técnicas y ambientales estrictas.
Especificaciones para la red vial
En el caso específico de la red vial, el documento es explícito en señalar que la Resolución 083 de 2026 solo aplica a vías existentes y legales. No formaliza ni reglamenta carreteras construidas de manera irregular o en contravía de la normativa ambiental.
El artículo 23 autoriza el mantenimiento y la rehabilitación de vías existentes, siempre que no se modifiquen las especificaciones técnicas ni el trazado. A su vez, el artículo 24 permite el mejoramiento de estas vías únicamente mediante:
- Estructuras tipo placa huella
- Obras de arte para atender puntos críticos
- Mejora de la seguridad vial
- Instalación de pasos de fauna
- Obras menores de drenaje sostenible
Todo esto sin ampliaciones ni cambios en el trazado original.
Beneficios de la unificación normativa
De acuerdo con el Ministerio, la unificación normativa presenta múltiples ventajas:
- Reduce vacíos jurídicos
- Simplifica trámites administrativos
- Brinda mayor seguridad jurídica tanto a las comunidades como a las autoridades ambientales
- Reconoce el beneficio social de actividades esenciales para la vida rural
- Fortalece la gobernanza forestal
- Mejora la articulación con las políticas del Plan Nacional de Desarrollo
La ministra Vélez destacó que la resolución representa un avance en la gestión forestal del país al reducir cargas administrativas y dar mayor claridad sobre lo que está permitido y bajo qué condiciones. Con esta decisión, el Gobierno sostiene que Colombia avanza hacia un modelo de gestión forestal más justo, eficiente y sostenible, que reconoce la presencia histórica de las comunidades rurales, protege la biodiversidad y facilita acciones necesarias para mejorar la calidad de vida en los territorios.
