Cartagena: Juzgado admite tutela por tala de manglares que afecta derechos fundamentales
El Juzgado Catorce Civil Municipal de Cartagena ha admitido una acción de tutela presentada por la Procuraduría General de la Nación, ante la grave afectación de los ecosistemas de manglar en diversos sectores de la ciudad. La acción judicial busca proteger derechos constitucionales como la vida digna, la salud, el ambiente sano, el acceso al agua, la seguridad, la integridad personal y los derechos de las generaciones futuras, que se encuentran presuntamente vulnerados.
Dos modalidades de afectación identificadas
La Procuraduría Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de Cartagena ha documentado que la problemática se manifiesta de dos maneras principales:
- Talas realizadas por particulares: Personas desconocidas que ejecutan cortes sin ningún tipo de protección o planes de recuperación de las especies.
- Intervenciones promovidas por la Alcaldía: Acciones municipales justificadas como "podas técnicas" por razones de seguridad o espacio público, pero que carecen de fundamentos ambientales sólidos.
La procuradora Mayelis Chamorro Ruiz señaló en su escrito: "Se ha constatado que las autoridades distritales han promovido intervenciones sobre el manglar bajo la denominación de 'podas técnicas', justificadas en razones de seguridad o espacio público, lo cual evidencia una aproximación que no siempre responde a criterios estrictamente ambientales".
Sectores críticos y riesgos documentados
La situación es particularmente grave en sectores como Manga, Pie de la Popa, El Cabrero y otras zonas aledañas al Centro Histórico de Cartagena, donde se han registrado intervenciones incluso durante el presente año. La degradación del manglar no solo representa una afectación ecológica abstracta, sino que genera riesgos directos e inmediatos para la población.
"La degradación del manglar en los sectores intervenidos no solo implica una afectación ecológica abstracta, sino que genera riesgos directos e inmediatos para la población, en la medida en que estos ecosistemas cumplen funciones críticas de amortiguación frente a inundaciones, control de erosión, regulación hídrica y mitigación de eventos climáticos extremos. Su eliminación o deterioro incrementa la vulnerabilidad", advirtió la Procuraduría.
Fallas estructurales en la protección ambiental
El ente de control ha identificado que no se evidencia la aplicación de un enfoque ecosistémico por parte del Establecimiento Público Ambiental (EPA) para autorizar las intervenciones, ni el desarrollo de estudios técnicos que evalúen el impacto sobre la biodiversidad. "La tala y afectación del mangle en Cartagena no corresponde a un evento aislado, sino a un patrón de actuación institucional y de particulares inescrupulosos que evidencia fallas estructurales en la protección del ecosistema de manglar", puntualizó la procuradora Chamorro Ruiz.
Objetivos de la acción de tutela
A través de esta medida judicial, la Procuraduría busca:
- La suspensión inmediata de cualquier tala, poda, relleno o intervención sobre el manglar en los sectores mencionados.
- Controles permanentes por parte de las autoridades competentes para evitar nuevas intervenciones.
- Que las autoridades se abstengan de autorizar trabajos sobre el manglar sin cumplir la normativa ambiental vigente.
- Que cualquier compensación se realice mediante restauración de mangles y no con arborización urbana.
- La elaboración y adopción de un estudio de caracterización y zonificación del manglar urbano en Cartagena.
Respuesta del Distrito de Cartagena
Ante la tutela presentada, Milton José Pereira, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía de Cartagena, aseguró que el equipo de defensa del Distrito ha solicitado declarar la improcedencia de la acción. "Nuestra defensa se fundamenta en que este mecanismo es subsidiario y no es la vía idónea para resolver una problemática que se describe como estructural y prolongada. Para la protección de estos derechos colectivos, el medio legal adecuado es la acción popular", argumentó.
Además, sostuvo que la responsabilidad en este asunto es concurrente y compartida entre múltiples entidades, incluyendo al Ministerio de Ambiente, la Dirección General Marítima (Dimar), Cardique y la Policía. "La administración no ha incurrido en omisiones sobre este tema, pues mantiene su participación en el Ecobloque y en la ejecución de planes de acción dentro de sus competencias", concluyó Pereira.
Proceso judicial en marcha
El Juzgado Catorce Civil Municipal de Cartagena ha vinculado a este proceso al Ministerio de Ambiente y ha oficiado al Distrito de Cartagena, al EPA, a la Dimar, a la Policía y a la Secretaría del Interior para que rindan un informe detallado sobre estos hechos. El caso pone en evidencia la tensión entre el desarrollo urbano y la protección ambiental en una ciudad cuyos ecosistemas costeros son fundamentales para la mitigación del cambio climático y la seguridad de sus habitantes.
