Ministra de Ambiente confirma graves incumplimientos en operación de represa Urrá
La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez, en su calidad de directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), reveló en entrevista con La FM que la represa Urrá no ha cumplido integralmente con los requerimientos ambientales establecidos en su licencia de operación. Esta situación ha motivado la apertura formal de un procedimiento sancionatorio contra la hidroeléctrica.
Exceso de volumen y pérdida de capacidad regulatoria
Según la ministra Vélez, los controles técnicos de la ANLA detectaron que la operación del embalse superó persistentemente los límites de volumen máximo permitidos, alcanzando un 27% de incumplimiento durante los últimos cuatro meses. "Hemos identificado que la represa violó de manera persistente el volumen máximo permitido", afirmó la funcionaria.
Este exceso de almacenamiento provocó que la infraestructura perdiera capacidad para amortiguar el volumen de agua que ingresó durante las recientes precipitaciones atípicas. "Técnicamente lo llamamos volumen máximo, que es un límite declarado directamente por la represa, y hubo un sobreembalsamiento en relación con ese límite", explicó Vélez.
Contexto climático y responsabilidades operativas
La ministra reconoció que los problemas ocurrieron en un contexto de "imprevisibilidad climática", ya que el evento de lluvias se presentó fuera del período habitual. Sin embargo, enfatizó que esto no exime a la represa de sus obligaciones ambientales.
"La primera responsabilidad es del operador de la represa; ellos deben responder ante el país en dimensiones administrativas y fiscales", señaló Vélez, aclarando que mientras XM y el CNO supervisan el sistema eléctrico, la ANLA realiza seguimiento ambiental, en algunos casos de manera diaria.
Investigación ampliada y factores territoriales
La investigación de la ANLA no se limita a la operación del embalse, sino que también considera factores territoriales que han agravado las inundaciones en la región del bajo Sinú. La ministra vinculó los desbordamientos con procesos de apropiación ilegal de tierras que datan desde 1993.
"Hay otras corresponsabilidades en las inundaciones que tienen que ver con cómo se ha restringido el paso del agua en el Sinú", afirmó Vélez. "Desde 1993 ha habido un proceso de desecamiento de humedales y ciénagas para acaparar tierras ilegalmente, construyendo diques y muros para poner vacas, lo cual también se vincula al poder político regional".
Nuevo régimen sancionatorio y seguimiento nacional
Vélez explicó que el nuevo régimen sancionatorio ambiental invierte la carga de la prueba, obligando a Urrá a demostrar que actuó correctamente. "Con esta reglamentación la carga de la prueba la tiene Urrá para demostrar que operó bien", destacó la ministra.
Respecto a otras centrales hidroeléctricas del país, la funcionaria señaló que por instrucción presidencial se realiza un seguimiento exhaustivo con reportes dos veces al día. Hasta el momento, "Urrá es la única que está sobreembalsada", aunque aclaró que Hidroituango también presentó esta situación durante cinco días al inicio de la contingencia.
Neutralidad en el procedimiento y transparencia informativa
Finalmente, la ministra aseguró que la composición accionaria de la empresa no alterará el procedimiento sancionatorio. "Buscamos mantener una neutralidad valorativa", afirmó Vélez, quien cuestionó a quienes desconocen información técnica disponible públicamente.
"No es responsable negar una situación fáctica que es de conocimiento público en la plataforma de XM, donde se evidencia la presunta violación de la curva guía máxima", concluyó la ministra, reiterando que Urrá deberá responder por su operación ante las autoridades ambientales.
