Paro minero en Bajo Cauca mantiene en vilo a Antioquia mientras fuerza pública amenaza intervención
La subregión del Bajo Cauca antioqueño enfrenta una de sus jornadas más críticas en los últimos tiempos debido a un paro minero indefinido que ha paralizado completamente las principales arterias viales de Caucasia. La tensión escala minuto a minuto mientras las autoridades locales denuncian una falta de compromiso sistemática por parte del Gobierno Nacional para resolver las demandas históricas de los trabajadores del sector.
Bloqueos estratégicos y crisis de abastecimiento
El epicentro de la movilización se concentra en Caucasia, municipio que ha visto cómo se han cerrado dos puntos viales estratégicos: la vía que comunica hacia la costa Caribe en el sector de Campoalegre, y la salida que conduce hacia El Bagre. Estos cierres no solo afectan el transporte de pasajeros, sino que ponen en riesgo el abastecimiento de productos de primera necesidad para toda la región y municipios vecinos.
El alcalde de Caucasia, Jhoan Oderis Montes Cortés, fue contundente al señalar que la situación actual es resultado de promesas rotas acumuladas desde octubre de 2024, cuando se instaló una mesa de diálogo cuyos protocolos nunca fueron respetados completamente. "Es cierto que ha sido desatendido el Gobierno Nacional, porque es lo que están viendo los mineros hoy: que sean atendidos", declaró el mandatario local.
Magnitud de la protesta y destrucción de maquinaria
Las dimensiones de la movilización son considerables. Las autoridades estiman que aproximadamente 8.000 mineros se han sumado a las jornadas de protesta, provenientes no solo del Bajo Cauca sino también del sur de Córdoba y Valdivia. Los manifestantes denuncian que la erradicación de maquinaria se ha realizado de forma desproporcionada, generando un malestar profundo en las comunidades.
"Hoy en día, según información, son 607 máquinas que han sido quemadas y solo 18 incautadas", reveló el alcalde Montes Cortés, cifras que han exacerbado la indignación de los trabajadores que exigen ser "tenidos en cuenta" en la política minera nacional.
Advertencia contundente de la fuerza pública
Desde la Gobernación de Antioquia, la postura combina la disposición al diálogo con una advertencia firme sobre el uso legítimo de la fuerza. El general (R) Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad del departamento, confirmó que se han identificado palos y llantas en los bloqueos, elementos que sugieren una intención de cierre prolongado.
"Ellos no pueden limitar los derechos de otras personas a la libre movilización, a la salud, al trabajo, el derecho a la alimentación... tienen que habilitar la vía", declaró Martínez, estableciendo un límite temporal supeditado al agotamiento de las rutas de mediación establecidas en el Decreto 003 de 2021.
El funcionario fue tajante: "Si ellos no abren la vía, pues nos toca intervenir y abrirla por la fuerza. Estamos preparados para eso", advirtió, confirmando que escuadrones móviles antidisturbios ya se encuentran desplegados en el territorio bajo las órdenes del comando de policía de Antioquia.
Medidas de control y ley seca en Caucasia
Mientras tanto, en Caucasia, el secretario de Gobierno José Alejandro Payares Ricardo intenta mantener un equilibrio entre la seguridad y el respeto a la protesta pacífica. Payares destacó que, a pesar de los bloqueos, el gremio minero ha mostrado "buena voluntad" al respetar los corredores humanitarios para el paso de emergencias y suministros médicos.
No obstante, la administración municipal ha endurecido las medidas de control interno, haciendo un llamado enérgico a los comerciantes respecto al cumplimiento del Decreto 035 que establece la ley seca en el municipio. "Tenemos conocimiento de varios establecimientos que vienen haciendo caso omiso... no queremos iniciar y tomar medidas como sellamiento y sanciones", advirtió Payares, anunciando la creación de una comisión urgente para vigilar el cumplimiento de la norma.
Calma tensa y espera por negociación
La crisis en el Bajo Cauca continúa en desarrollo mientras los mineros aguardan la llegada de una comisión de alto nivel del Gobierno Nacional que instale una mesa de negociación efectiva. La región permanece bajo una calma tensa, condicionada por el flujo intermitente de vehículos y la sombra de una intervención policial que se percibe cada vez más inminente.
La situación ha generado preocupación no solo a nivel regional sino nacional, dado que el Bajo Cauca es una zona estratégica para la economía minera y el transporte de mercancías hacia la costa Caribe. Mientras las horas pasan, la presión aumenta sobre todas las partes involucradas para encontrar una solución que evite un desenlace violento.
