La Contraloría General de la República alertó que el esquema de subsidios para servicios públicos domiciliarios presenta graves fallas en su focalización, señalando que más de la mitad de los hogares de estratos 1, 2 y 3 que reciben estos beneficios no los necesitan. El organismo de control aseguró que el modelo actual, basado en la estratificación de viviendas y no en la capacidad económica de las familias, está generando un impacto negativo en las finanzas públicas.
Fallas en la focalización de subsidios
La contralora delegada para Economía y Finanzas Públicas, Jenny Lindo, explicó que el país mantiene un sistema de subsidios que no refleja las condiciones económicas reales de los beneficiarios. Según sus declaraciones, "más del 50% de los hogares que están en estrato 1, 2 y 3 son beneficiarios de subsidios en servicios públicos y no los necesitan". Esta situación ha permitido que un número importante de hogares con capacidad de pago continúe recibiendo descuentos en las tarifas.
El sistema de subsidios, diseñado bajo la Ley 142 de 1994, se apoya en la clasificación de viviendas por estratos socioeconómicos. Actualmente, los hogares de estrato 1 reciben subsidios de hasta el 60% sobre el consumo básico, mientras que los de estrato 2 pueden acceder a ayudas de hasta el 50%. Estos beneficios son financiados mediante contribuciones de usuarios de estratos más altos y recursos públicos.
Desajuste entre subsidios y pobreza real
La Contraloría sostiene que el mecanismo dejó de responder a la realidad económica del país. Al tomar como referencia únicamente las características físicas de las viviendas y no los ingresos de las familias, el sistema termina entregando subsidios a personas con capacidad económica suficiente para asumir el costo total de los servicios. De acuerdo con cifras de expertos, más del 88% de los hogares colombianos recibe algún tipo de subsidio en servicios públicos, pese a que los indicadores de pobreza se ubican alrededor del 33%.
Estudios del Departamento Nacional de Planeación indican que cerca de 3,5 millones de hogares beneficiarios no corresponden a población en condición de pobreza o vulnerabilidad, lo que representa aproximadamente la mitad de quienes hoy reciben subsidios. La Contraloría explicó que la ausencia de un cruce permanente de información con bases de datos como el Sisbén ha permitido que familias con ingresos suficientes continúen recibiendo ayudas, mientras otros hogares con mayores necesidades pueden quedar excluidos por vivir en sectores clasificados con estratos superiores.
Hacia un nuevo esquema de asignación
Ante este panorama, el Gobierno Nacional adelanta la implementación del Registro Universal de Ingresos, liderado por el Departamento Nacional de Planeación, con el objetivo de transformar el modelo de asignación de subsidios. La propuesta busca que los beneficios se otorguen de acuerdo con la capacidad real de pago de cada hogar, en lugar del estrato de la vivienda, para corregir distorsiones y mejorar la focalización del gasto público.
Expertos señalan que esta transformación podría reducir las presiones fiscales del Estado, especialmente en un contexto de incremento de obligaciones financieras y necesidades de inversión en el sector energético. La funcionaria recordó que Colombia aún tiene alrededor de 1,3 millones de viviendas sin acceso al servicio de energía, y que garantizar una cobertura total requeriría inversiones cercanas a los $32 billones.
Energías renovables como alternativa
Lindo sostuvo que el fortalecimiento de proyectos de energías renovables puede representar una alternativa para disminuir costos futuros del sistema eléctrico. "¿Qué pasa si le apostamos más a la energía solar y a las energías limpias? Hemos identificado desde la Contraloría General que, en cinco años, esa inversión permitiría reducir significativamente los recursos requeridos para ampliar la cobertura energética", explicó. Añadió que una mayor participación de fuentes renovables ayudaría a disminuir el costo marginal de generación y estabilizar los precios frente a eventos climáticos como el fenómeno de El Niño.
Riesgos fiscales del sector energético
Durante la presentación, la Contraloría expuso varios riesgos fiscales asociados al sector energético. Entre ellos, la alta dependencia de la matriz eléctrica de la generación hídrica, que representa entre el 50% y el 60% de la producción nacional, manteniendo al sistema expuesto a fenómenos climáticos. También señaló que el desarrollo de proyectos de energía eólica enfrenta dificultades relacionadas con consulta previa, gestión social, seguridad jurídica y conexión al sistema eléctrico, lo que ha retrasado su entrada en operación y puede traducirse en mayores costos para el Estado.
La entidad presentó un balance sobre obligaciones financieras que deberá asumir el próximo Gobierno: una deuda cercana a un billón de pesos con el sector del gas natural, otra de 3,8 billones con el sector eléctrico, compromisos por $4,5 billones correspondientes a la opción tarifaria implementada durante la pandemia, y obligaciones por $776.000 millones relacionadas con el gas licuado de petróleo. Según Lindo, estas obligaciones deberán atenderse en los primeros meses de la próxima administración para evitar riesgos en la prestación del servicio.
Finanzas públicas y deuda
La funcionaria también expresó preocupación por la situación de las finanzas públicas. Indicó que el país registra un déficit fiscal del 6,4%, producto de una diferencia entre gastos equivalentes al 22% de la economía e ingresos cercanos al 16%. Ese faltante está siendo cubierto mediante un mayor endeudamiento del Estado, lo que reduce el margen para inversiones públicas y aumenta la carga por pago de intereses. La Contraloría activó una función de advertencia al Ministerio de Hacienda para hacer seguimiento a los procesos de emisión de deuda pública y revisar las condiciones de las subastas de títulos del Gobierno.
Crecimiento de energías limpias
Finalmente, la entidad destacó el crecimiento de la capacidad instalada de energías limpias en el país, que ya alcanza 3.677 megavatios y representa el 15,64% de la capacidad total del sistema eléctrico. Aunque reconoció ese avance, insistió en la necesidad de acelerar las inversiones, mejorar la focalización de los subsidios y garantizar la sostenibilidad financiera del sector, en medio de los desafíos fiscales y de cobertura que enfrenta el país.
