ARN justifica modificación de subsidios para firmantes del Acuerdo de Paz
La Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) emitió este lunes un contundente pronunciamiento frente a las críticas del Consejo Nacional de Reincorporación – Componente Comunes, respecto al ajuste en el subsidio mensual que reciben los firmantes del Acuerdo de Paz. La entidad gubernamental aseguró que la medida no elimina los beneficios económicos, sino que los focaliza en aquellos excombatientes que realmente carecen de ingresos formales.
El origen de la polémica
La controversia surgió luego de que Comunes rechazara públicamente la propuesta de modificar las resoluciones 2329 de 2024 y 1797 de 2023, normas que establecen subsidios mensuales equivalentes al 90% de un salario mínimo para firmantes del acuerdo cuyas ganancias no superen los cinco salarios mínimos. Según la ARN, esta disposición generaba situaciones inequitativas que requerían corrección inmediata.
"Una persona de cinco salarios mínimos hoy es una persona que gana hasta COP 10 millones. No tiene ningún sentido que a una persona que se gana entre COP 6 y 10 millones, el estado además le dé COP 2 millones más. Es también una cuestión de equidad", explicó Alejandra Miller, directora de la ARN, durante su intervención.
Los cambios concretos
La modificación establece que, a partir de ahora, solo podrán acceder a la asignación mensual y al apoyo de alimentación aquellos excombatientes que no tengan ingresos formales o cuyas ganancias sean inferiores a un salario mínimo. Según datos oficiales de la agencia, aproximadamente el 80% de los firmantes activos en proceso de reincorporación carecen actualmente de empleo formal, por lo que continuarán recibiendo el apoyo sin alteraciones.
La ARN enfatizó que este ajuste no constituye incumplimiento del Acuerdo de Paz original, el cual solo contemplaba una renta básica por 24 meses. El subsidio actual fue creado posteriormente mediante reglamentación gubernamental como medida adicional de apoyo, considerando los limitados avances en la implementación integral del acuerdo.
Respuesta a la crisis fiscal
La decisión se enmarca dentro del contexto de la actual crisis fiscal que atraviesa el país. La directora Miller detalló que el aumento del 23% en el salario mínimo durante 2026 redujo significativamente la capacidad financiera del programa. "Ese incremento hace que ese recurso que teníamos asignado para la totalidad de las personas se disminuyera. Hoy entonces, pues esa misma plata ya no alcanzaba sino para pagarle la renta básica hasta el mes de mayo", reveló la funcionaria.
Ante esta realidad presupuestal, la ARN optó por garantizar que las personas sin ningún tipo de ingreso pudieran mantener el apoyo económico hasta diciembre de 2026, priorizando así la sostenibilidad del proceso de reincorporación para los casos más vulnerables.
Preocupaciones sobre formalización laboral
El comunicado de Comunes advirtió que el cambio en el subsidio podría desincentivar la formalización laboral entre los excombatientes. "Si formalizar un ingreso bajo implica perder el apoyo, la opción racional para muchos firmantes será no formalizarse", señaló el documento de la organización.
Sin embargo, la directora Miller descartó esta posibilidad, argumentando que el subsidio es inferior al salario mínimo y que el trabajo formal ofrece beneficios intangibles cruciales. "Además, en el trabajo están adquiriendo experiencia laboral, que un subsidio no se lo permite. La experiencia es fundamental para la vida laboral", sostuvo la funcionaria.
Datos específicos del ajuste
La ARN proporcionó cifras precisas sobre la población afectada:
- De los 2.600 firmantes con ingresos formales menores a cinco salarios mínimos
- 1.900 reciben ingresos iguales o superiores a tres salarios mínimos vigentes
- Estos últimos dejarán de recibir el subsidio mensual adicional
- El beneficio se mantendrá intacto para quienes carecen completamente de ingresos formales
La entidad reiteró que esta medida busca una distribución justa y responsable de los recursos públicos, asegurando que los apoyos económicos lleguen efectivamente a quienes enfrentan mayores dificultades en su transición hacia la vida civil.
