Magistrada Catalina Díaz expone fracturas internas en JEP sobre convocatorias a militares
La magistrada de la Jurisdicción Especial de Paz, Catalina Díaz, ha revelado profundas diferencias interpretativas dentro del tribunal especial sobre los criterios para convocar a altos oficiales militares a rendir versión libre por su presunta responsabilidad en crímenes cometidos durante el conflicto armado. Este debate jurídico se ha intensificado tras la decisión de llamar a más de cien altos mandos de la fuerza pública por los crímenes paramilitares en la región de Montes de María.
El núcleo del debate: ¿qué significa "estar comprometido"?
En entrevista exclusiva, Díaz explicó que existe una división fundamental entre los magistrados respecto a la interpretación de la norma que establece que una persona debe estar "comprometida en un informe o declaración de reconocimiento" para ser llamada a versión voluntaria. "En mi interpretación, cuando la ley dice que la persona está 'comprometida', se refiere al posible compromiso de su responsabilidad penal en los crímenes que se investigan", afirmó la magistrada.
Sin embargo, reconoció que otros colegas han adoptado una postura más flexible: "Otros de mis colegas han sido más laxos frente al hecho de que una persona convocada no haya sido, siquiera, mencionada en informes o en declaraciones de reconocimiento". Esta divergencia ha generado tensiones internas sobre cómo aplicar el principio de selección que debe guiar la labor de la JEP.
El caso emblemático de Montes de María
La controversia se ha centrado particularmente en el subcaso de Montes de María, donde la JEP investiga más de 40 masacres paramilitares ocurridas entre 2000 y 2001, incluyendo las brutales masacres de El Salado, El Carmen de Bolívar y Chengue. Esta región fue priorizada por la magnitud de la victimización, con 1.066 víctimas individuales y 25 sujetos colectivos acreditados.
En este subcaso específico, la Sala de Reconocimiento ha convocado a 145 antiguos miembros de la Armada y la Policía Nacional. Hasta el momento, 133 personas han rendido versión voluntaria, mientras que seis se han negado a pesar de la notificación y otros seis no han podido ser contactados.
La anulación del llamado al general Naranjo y sus implicaciones
Un episodio revelador ocurrió con la decisión de anular el llamado a versión voluntaria al general (r) Óscar Naranjo, exdirector de la Policía y exvicepresidente de Colombia. Díaz explicó que esta medida fue revocada porque el auto "nunca tuvo la mayoría necesaria para ser expedido válidamente", al contar solo con dos votos favorables de cuatro magistrados.
La magistrada salvó su voto no solo en este caso, sino también respecto a otros 32 oficiales llamados a versión, manteniendo su criterio estricto sobre los requisitos legales. "Considero que las normas legales que establecen los requisitos para llamar a una persona a versión voluntaria son muy claras", insistió.
La dimensión del macrocaso 08 y la impunidad histórica
El debate se enmarca en la macroinvestigación denominada "macrocaso 08", donde la JEP asumió la investigación de crímenes cometidos por agentes del Estado en asociación con paramilitares y terceros civiles, que la justicia ordinaria no avanzó sustancialmente. "La inmensa mayoría de esos casos continúa en la impunidad", señaló Díaz.
La magistrada detalló que la JEP ha acreditado a 2.219 víctimas individuales y 97 sujetos colectivos en este macrocaso, incluyendo organizaciones de víctimas de masacres emblemáticas, sindicatos y hasta cuerpos de agua como el Río Magdalena. Esta cifra demuestra, según sus palabras, "la gigantesca dimensión de la demanda de justicia".
Los cinco territorios prioritarios y el principio de selección
Tras revisar cerca de mil informes de diversas entidades, la JEP priorizó cinco territorios críticos para su investigación:
- Antioquia
- Región del Ariari-Guayabero-Caguán y Florencia
- Gran Magdalena
- Magdalena Medio
- Montes de María
Cada uno de estos subcasos está a cargo de un magistrado relator, con Díaz liderando específicamente la investigación del Magdalena Medio y los crímenes asociados a inteligencia militar en Bogotá.
El balance entre rigor probatorio y búsqueda de verdad
La magistrada enfatizó que, a pesar de las diferencias interpretativas, la Sala ha mantenido un rigor probatorio significativo: "La solidez probatoria de las imputaciones es, justamente, una razón entre varias, para que el 90% de los imputados haya reconocido su responsabilidad, incluso, ocho generales".
No obstante, reconoció que el debate fundamental gira en torno a si la histórica impunidad en estos casos debe influir en la interpretación de las normas, o si debe primar un estricto apego a los requisitos legales. "En últimas, se trata de un debate sobre si la impunidad que ha reinado en estos casos debe orientar la interpretación de las normas", concluyó Díaz.
Este desacuerdo interno en la JEP refleja los complejos desafíos que enfrenta la justicia transicional en Colombia al intentar equilibrar el derecho al debido proceso con la imperiosa necesidad de esclarecer décadas de violencia y romper ciclos de impunidad institucionalizada.
